El Chaco es parte de la Argentina en una encrucijada sanitaria muy delicada que jaquea a todo el país
“El Chaco es parte de la Argentina y me preocupa tanto como cualquier otro lugar” fue el mensaje del presidente de la Nación en la videoconferencia con el gobernador que reemplazó a la visita a Resistencia -que sus médicos desaconsejaron-, pero que en términos políticos puso a Capitanich en la misma línea de Axel Kicillof y del jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, embretados todos en poder aplanar la curva de contagios y de fallecimientos del coronavirus, cuya expansión, dígase lo que se diga, es incontenible en un impacto universal donde, al decir de la Organización Mundial de la Salud, todavía no hemos sufrido lo peor, con el viento de cola de una segunda fase y en el caso argentino un mes de julio con sus temperaturas bajas y la sobrecarga del momento más complicado del año para distintos riesgos sanitarios.
En resumen, la situación es muy delicada, extremadamente compleja y el aluvión de opiniones coincide en que el nivel de circulación quebró la resistencia de la última provincia argentina que venía sin casos, como acaba de ocurrir en Catamarca.
La estadística que se entrega al atardecer de cada jornada es como un cachetazo de dolor, desconcierto y desesperación: el viernes se registraban 52 muertes más y 2845 nuevos casos positivos, con lo cual los argentinos contagiados superaban largamente los 70.000, los fallecidos se acercaban a los 1500 y los recuperados estaban en 26.000, pero el escenario mundial golpeaba con 11 millones de contagiados, más de medio millón de fallecidos en diversos países y casi seis millones de recuperados.
En el caso del Chaco la víctima 102 fue una vecina de Colonia Elisa; estallaban casos positivos en todo el interior y crecía la gravedad de la situación de Sáenz Peña con 44 casos y un serio brote en Avia Terai, en tanto se mantenía el alerta para operar con la mayor anticipación posible al enorme área de El Impenetrable, donde El Sauzalito se convirtió en prioridad. Pero importa advertir que ahora todos los municipios están incluidos en el control de la circulación del virus y eso los obliga a un ajuste sin relajamientos de las normas vigentes.
EL ALEGATO DE CAPITANICH
Viejos amigos de militancia y responsabilidades nacionales, como lo reconoció cordialmente Alberto Fernández en tanto Capitanich aparecía rodeado de la subsecretaria Vizzotti y otros asesores claves del equipo de Ginés González García, este encuentro se dio para confirmar la inclusión del Chaco entre las necesidades prioritarias de la pandemia y quebrar el concepto de centralización en el AMBA, aunque se trata del área más vulnerable y donde la cuarentena hasta el 17 de julio no garantiza, por lo que se ve, que se pueda ceder a enormes presiones de reactivación económica, cuya tardanza no tiene plazos y el rebote en los ingresos de las provincias es un dolor de cabeza fiscal, y como si fuera poco el último tramo de la azarosa negociación del ministro Guzmán con los acreedores heredados como presente griego de la presidencia de Macri.
UN SISTEMA SANITARIO DESTRUIDO
El gobernador había anticipado un amplio documento sobre “La evolución de la pandemia de Covid-19” en el Chaco, donde al análisis de los episodios, paso a paso, cuadro a cuadro, lo remató con la afirmación de que “la planificación de las medidas adoptadas y el diseño del sistema constituyen sin lugar a dudas nuestra mayor fortaleza y los mejores aciertos en la materia”.
También reconoce que no es fácil implementar decisiones eficientes, eficaces, compatibles en un contexto extremadamente adverso, donde enfrentar al dengue y el impacto estacional de influenza y una pandemia “con una economía en crisis y un sistema sanitario destruido, anarquizado y desfinanciado”.
DEBILIDADES Y FORTALEZAS
Identifica las fortalezas encabezadas por inversiones en el sistema que han sido fuertes con apoyo nacional, capacitación e incorporación de recursos humanos, entre otros puntos, pero importa el sinceramiento sobre debilidades: 1) Alta letalidad de casos, sobre todo en ciertas comunidades; 2) Contagios agrupados; 3) Movilidad elevada de la población; 4) Saturación social del aislamiento; 5) Informalidad laboral; 6) Crisis social e insuficiencia de ingresos con demanda de reapertura de actividades.
Sin embargo, hay un tramo referido a las amenazas que se plantea así: 1) Incumplimiento de la cuarentena; 2) Propagación de casos en geriátricos, lugares de encierro, barrios populares y personas que constituyen factores de riesgo; 3) Alta concentración de personas para cobros y pagos por falta de herramientas digitales; 4) Ruptura de la barrera de contención del virus en el ámbito del Gran Resistencia.
UN RESPIRO EN LA BATALLA
Expuesto a críticas por cualquier episodio de su gestión (aunque los hubo con un primer recambio en Salud Pública, una renuncia en la presidencia de Colono y un replanteo en la licitación de barbijos por parte de la Fiduciaria), como a la pluma radical que esta vez quiso justificar que se votaron leyes requeridas por el Ejecutivo en la sesión extraordinaria del jueves de la Legislatura “pero no seremos una escribanía de Capitanich”, el gobernador se concedió un respiro a la tensión de 24 horas de la pandemia, en una gira por el interior: se inauguró el primer Registro Civil de Lapachito, luego visitó la reanudada repavimentación de la ruta 7 entre Presidencia de la Plaza y Colonias Unidas y finalmente aceptó la invitación a la inauguración de una moderna estación de servicios en Machagai, casi a contrapelo de los lamentos por la caída de ventas de combustibles en el ámbito metropolitano.
LA ENCRUCIJADA NO CEDE
El Chaco pidió refuerzos, como una dotación de la Gendarmería para ajustar controles, pero el análisis de la situación con una larguísima cuarentena, aun cuando se la resista y no les falten razones a todos los sectores que difícilmente quedarán a salvo de estas restricciones obligatorias sin precedentes, certifica como en el plan nacional que julio será un mes clave pero no el último. Si la circulación era violada por desesperación o bronca contra el único recurso de protección colectiva del virus, como se veía ayer en una Resistencia maniatada en su dinámica comercial, resultaba oportuno el llamado del presidente apelando al apoyo solidario a lo que conduce Capitanich, porque estando tantas vidas en juego no importan peronistas ni radicales, porque si hacemos esa diferencia la gente nunca nos perdonará.
Es cierto que falta más personal especializado de salud, pero se no logra reclutar terapistas y se acusa como punto débil el control epidemiológico. No son pocos los matices para la opinión de los que saben, en tanto y en cuanto lo hagan a distancia y, como ha pasado en un episodio de grabar un video sobre el hospital modular para mostrarlo al presidente, si se le teme al Perrando como el cuartel general de esta emergencia histórica resulta tan grave como esclarecer sin tardanza un intento de afectar la vida de siete personas al cortar el circuito de aire acondicionado. Si así ocurrieron las cosas, la Justicia tiene que echar la luz que hace falta cuando siempre la televisión nacional oscurece la imagen del Chaco.
La Iglesia sobre el escándalo Vicentin
Los productores chaqueños, muchos de ellos entre los acreedores a la deriva del gigante agroindustrial del norte santafesino, saben muy bien del impacto económico regional y de las especulaciones con fogoneo partidista sobre la disputa judicial abierta respecto del concurso y las generosas concesiones crediticias del Banco de la Nación a la sombra del gobierno de Macri, todo lo que justifica que la Pastoral Social de la Iglesia Católica desde Rosario reflexionara públicamente en torno de una situación compleja. Pero el documento pide que la Justicia se expida sobre el concurso de acreedores (donde el juez federal de Reconquista restituyó al directorio de la empresa y la causa por ahora seguirá en sus manos), defendiendo también “el derecho de propiedad, sin la función social que lo grava cual hipoteca, según nos enseñó San Juan Pablo II”. La Pastoral Social rosarina dio en la tecla al expresar su “preocupación por la concentración y extranjerización de las empresas cerealeras”, con un concepto fundamental: “El bien común y la soberanía nacional exigen que el mercado no quede a merced de intereses mezquinos centrados solamente en el lucro”.
Al invocar la doctrina social de la Iglesia hay una referencia a los empresarios cuyas responsabilidades exigen una constante reflexión sobre “los valores morales que deben guiar las opciones personales” y no se omite una referencia al Estado: “Ante la posibilidad de ilícitos, para tutelar el bien común la autoridad pública tiene legítimo derecho y el deber de conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos”.
La Iglesia dice finalmente: “Nos preocupa Vicentin. Nos preocupan nuestra patria y el pueblo, el pueblo sencillo que quiere trabajar y no siempre puede, se esfuerce y lo haga, se empobrece cada vez más hace muchas décadas, no solo por el deterioro de sus condiciones socioeconómicas, sino también institucionales y ciudadanas”.
La apelación culminante es “por la cultura del encuentro que penetre nuestras conciencias y se logre una solución del caso Vicentin que preserve el trabajo de empleados y productores y los legítimos intereses de la comunidad dentro del estado de derecho”.
