Causa Exen: la Justicia Federal pide ampliar la imputación por lavado a las empresas por las que se crearon los gimnasios
La presentación marca un precedente en la Justicia Federal chaqueña.
El fiscal federal Patricio Sabadini presentó el pedido de ampliación del requerimiento de instrucción por la causa que se investiga el presunto lavado de activos mediante una estructura de gimnasios y concesionarios de automóviles.
La decisión marca un precedente en la aplicación de la responsabilidad penal sustantiva a las personas jurídicas. En el argentino, el reproche penal suele limitarse a las personas físicas; sin embargo, en esta causa la fiscalía activa el mecanismo contemplado en el artículo 304 del Código Penal para atribuir responsabilidad directa a las empresas utilizadas como velo corporativo.
Esta decisión busca combatir el lavado de activos de forma integral, atacando no solo a los ejecutores individuales, sino destruyendo los instrumentos corporativos diseñados para la mimetización y reciclaje de capitales ilícitos en el circuito formal.
Según el requerimiento, las firmas imputadas —EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPA FITNESS S.A.S.— no operaban con una lógica comercial genuina, sino como entes interpuestos dedicados a transformar dividendos provenientes de actividades delictivas en aparentes inversiones de éxito.
Ante esto, el Ministerio Público Fiscal ha solicitado la citación a indagatoria de los representantes legales de cada firma y la aplicación de medidas cautelares urgentes, tales como la suspensión temporal de sus actividades y de su personería jurídica para impedir la continuidad de la maniobra.
IMPUTADOS
Se encuentran procesados como coautores del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal.
Asimismo, se dictó el procesamiento de Jorge César Alberto Vargas en calidad de partícipe necesario del delito de lavado de activos, figurando también imputados en las actuaciones Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek.
La hipótesis criminal de la fiscalía sostiene que los investigados pusieron en circulación sumas millonarias de dinero de origen ilícito, presuntamente provenientes del narcotráfico u otros delitos de acción pública.
Para lograr la apariencia de licitud, según la Justicia estructuraron un entramado societario mediante el cual desplegaron una vasta cadena de gimnasios de categoría premium con sedes en Resistencia, Barranqueras, Puerto Tirol y Pampa del Infierno en la provincia del Chaco, así como en la ciudad de Corrientes.
La inviabilidad económica de esta expansión se evidencia en la apertura de siete sucursales en un lapso extremadamente acotado (febrero de 2025 a julio de 2026), impulsada por un flujo de liquidez constante e inmediato que resulta incompatible con los plazos de maduración y financiamiento de cualquier negocio minorista legítimo. Sumado a ello, las fiscalizaciones efectuadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) determinaron que los fondos declarados ante los bancos y las erogaciones destinadas a la adquisición de maquinaria premium, alquileres y acondicionamiento de locales no guardan concordancia con el capital social aportado por las sociedades ni con la capacidad de consumo de las plazas geográficas elegidas.
En consecuencia, se imputa a estas empresas haber actuado en su propio nombre, con su intervención directa y en su provecho para dar la falsa apariencia de un éxito empresarial sustentado en fondos espurios.
