La disputa por quién recauda y quién paga

En el marco de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo volvió a reclamar una reforma impositiva general y un nuevo acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias.

La propuesta no es menor: según las estimaciones del propio FMI, una reforma tributaria podría incrementar los ingresos públicos en aproximadamente 3,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra equivalente a miles de millones de dólares para las cuentas públicas.

¿Qué está pidiendo el FMI?

El organismo considera que el sistema tributario argentino es excesivamente complejo, con más de un centenar de tributos entre Nación, provincias y municipios, y con una fuerte dependencia de impuestos considerados "distorsivos", como las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque.

La hoja de ruta propuesta por el Fondo plantea:

-Ampliar la cantidad de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

-Reformar el monotributo para acercarlo al régimen general.

-Revisar exenciones y tratamientos especiales del IVA.

-Reducir gradualmente las retenciones.

-Eliminar el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).

Uno de los datos más llamativos es que el FMI estima que alrededor del 20% de los trabajadores formales debería volver a quedar alcanzado por el Impuesto a las ganancias para ampliar la base tributaria.

En el caso del Monotributo, el organismo sostiene que las diferencias con el régimen general generan incentivos para que muchas actividades no crezcan o fragmenten sus operaciones para evitar mayores cargas impositivas. Es decir, lo que se está planteando, nuevamente, es que el ajuste lo pague el trabajador o la trabajadora.

El verdadero problema: las provincias

Sin embargo, el aspecto más delicado de la discusión no es técnico, sino más bien, político. Las provincias dependen en gran medida de dos fuentes de financiamiento:

1) La Coparticipación Federal.

2) Los impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos.

La coparticipación federal de impuestos constituye la principal fuente de financiamiento de numerosas provincias y, en particular, de la provincia del Chaco, donde representa entre el 80% y el 85% de los recursos totales.

Por su parte, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos explica, en muchas jurisdicciones, alrededor del 70% de la recaudación tributaria propia.

Este tributo es considerado por economistas de diversas corrientes de pensamiento como uno de los más distorsivos del sistema tributario argentino, debido a que grava cada etapa de la cadena de producción y comercialización, generando un efecto cascada que incrementa los costos y termina trasladándose a los precios finales de bienes y servicios.

Por eso, cuando desde el Gobierno nacional y el FMI se habla de eliminar o reducir impuestos distorsivos, inmediatamente aparece una pregunta: ¿cómo se compensará la pérdida de recursos de las provincias?

El nuevo consenso fiscal

Aquí aparece la idea de un nuevo consenso fiscal. Los consensos fiscales son acuerdos entre Nación y provincias para coordinar políticas tributarias, fijar reglas comunes y definir compromisos de reducción del déficit o modificación de impuestos.

El eventual nuevo acuerdo tendría como objetivo:

• Coordinar una reforma tributaria nacional.
• Armonizar impuestos provinciales.
• Revisar Ingresos Brutos y Sellos.
• Discutir cambios en la coparticipación federal.
• Establecer mecanismos de compensación para las provincias.

Detrás de esta discusión subyace una tensión histórica: mientras la Nación busca simplificar el esquema tributario y reducir impuestos sobre la producción, las provincias reclaman preservar sus fuentes de financiamiento.

Cuando se habla de eliminar o reducir impuestos distorsivos, ¿cómo se compensará la pérdida de recursos de las provincias?

El impacto en la región del Norte

La preocupación es especialmente fuerte en provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero o La Rioja, donde la dependencia de los recursos nacionales es considerable.

Una reducción de tributos provinciales sin una compensación adecuada podría afectar:

- salud,

- educación,

- seguridad,

- obra pública,

- programas sociales,

- y funcionamiento estatal.

Por eso, gobernadores de distintos signos políticos observan con cautela cualquier intento de reforma que altere el esquema actual de financiamiento subnacional.

Un debate mucho más profundo que los impuestos

La discusión tributaria suele presentarse como un debate técnico, pero en realidad es una discusión sobre el modelo de país.

La pregunta central no es solamente cuánto se recauda, sino quién recauda, quién administra esos recursos y quién termina soportando la carga tributaria.

Mientras el FMI propone ampliar la base de contribuyentes para obtener recursos equivalentes al 3,3% del PBI, reducir impuestos considerados distorsivos y avanzar hacia un sistema más simple, las provincias reclaman garantías para no perder autonomía financiera ni capacidad de gestión.

El nuevo consenso fiscal, si finalmente se concreta, será probablemente una de las discusiones económicas y políticas más relevantes de los próximos meses, porque definirá no sólo el futuro del sistema tributario argentino, sino también el equilibrio de poder entre la Nación y las provincias.