El Comité contra la Tortura pidió una audiencia pública antes de prohibir a los trapitos

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco solicitó al Concejo Municipal de Resistencia la convocatoria a una audiencia pública antes de continuar el tratamiento del proyecto de ordenanza impulsado por concejales oficialistas que busca prohibir la actividad de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública. El pedido fue formalizado mediante una recomendación institucional presentada en las últimas horas y apunta a abrir un debate ciudadano sobre una iniciativa que, según el organismo, podría derivar en transgresiones a derechos fundamentales de personas en situación de vulnerabilidad económica.

Desde el Comité señalaron que una prohibición absoluta de la actividad, sin instancias previas de discusión ni participación de los sectores involucrados, corre el riesgo de profundizar la exclusión social en un contexto marcado por la crisis económica y el crecimiento del trabajo informal. En ese sentido, remarcaron que cualquier medida que afecte directamente a trabajadores precarizados debe contemplar mecanismos de diálogo amplio y transparente, con participación de vecinos, organizaciones sociales, especialistas en derechos humanos y los propios cuidacoches.

El titular del organismo, Darío Gómez, también cuestionó las recientes actuaciones policiales realizadas contra personas en situación de calle y trabajadores informales en la capital chaqueña. Según afirmó, el Comité recibió denuncias sobre detenciones arbitrarias de cuidacoches que fueron demorados y trasladados a comisarías sin orden judicial ni acusación concreta de delito. Gómez sostuvo que las fuerzas de seguridad no poseen facultades legales para detener personas únicamente por desempeñarse como cuidacoches en la vía pública.

Frente a este escenario, el organismo presentó un hábeas corpus colectivo y preventivo para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad social ante posibles nuevas aprehensiones arbitrarias. Además, advirtió que algunas campañas oficiales y spots institucionales vinculados a operativos policiales generan una interpretación errónea sobre las atribuciones de las fuerzas de seguridad y terminan legitimando procedimientos que, según el Comité, carecen de respaldo jurídico. Para el organismo, este tipo de mensajes profundiza la estigmatización de trabajadores informales y consolida respuestas estatales centradas únicamente en la coerción.

Finalmente, el Comité sostuvo que la problemática de los cuidacoches no puede abordarse exclusivamente desde una mirada vinculada a la seguridad urbana, sino que debe analizarse también en función de la precarización laboral, el desempleo y el aumento de la pobreza. En consecuencia, insistió en que la audiencia pública resulta una herramienta necesaria para construir consensos y evitar decisiones apresuradas. Además, el organismo reiteró su preocupación por otros temas relacionados con derechos humanos y seguridad pública, como el rechazo al uso de pistolas Taser y el pedido de transparencia en la investigación por la desaparición de Axel González.