Exfuncionario cuestionó el proyecto para prohibir a trapitos y pidió una política de inclusión

El exsubsecretario de Transporte de la Municipalidad de Resistencia, Mariano Brahim, cuestionó el proyecto de Ordenanza que impulsa la prohibición de la actividad de cuidacoches, cuidamotos y limpiavidrios en la capital chaqueña, al considerar que la iniciativa carece de una mirada social y desconoce la realidad económica de quienes desarrollan esas tareas.

A través de un extenso documento, Brahim vinculó su postura con el mensaje pronunciado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo, cuando advirtió sobre las consecuencias de la desigualdad y pidió no ser indiferentes frente a quienes más sufren los efectos de la crisis económica. Según sostuvo el exfuncionario municipal, el proyecto impulsado por el Ejecutivo comunal y concejales oficialistas se basa en una visión equivocada de la problemática, al asociar la actividad exclusivamente con personas en situación de calle y no con trabajadores que encontraron en ella una forma de subsistencia.

Brahim recordó que la presencia de cuidadores en la vía pública tiene antecedentes históricos que se remontan a principios del siglo XX y señaló que las sucesivas crisis económicas, especialmente la de 2001, transformaron esa actividad en una alternativa laboral para miles de argentinos afectados por el desempleo.

La experiencia de regularización

En su análisis, el exsubsecretario destacó la experiencia desarrollada en Resistencia durante 2018, cuando se implementó un sistema de ordenamiento para los cuidadores de motovehículos en el casco céntrico. Según explicó, el programa permitió incorporar a unos 200 trabajadores informales como operadores formalizados del sistema, mediante un registro que exigía residencia en la ciudad, antigüedad en la actividad, certificado de antecedentes penales y aval vecinal.

Además, detalló que los operadores recibieron credenciales, indumentaria, espacios de trabajo delimitados y tarifas unificadas, en un esquema coordinado con la Guardia Comunitaria y áreas municipales. A su entender, aquella experiencia demostró que es posible ordenar el espacio público sin excluir a quienes dependen de esa actividad para sostener a sus familias.

Diferenciar delito y problemática social

Brahim también se refirió a los episodios de extorsión y violencia atribuidos a algunos cuidacoches, y sostuvo que esos hechos deben ser investigados y sancionados por la Justicia. No obstante, remarcó que resulta un error generalizar y equiparar conductas delictivas con la totalidad de las personas que trabajan en la vía pública.

En ese sentido, afirmó que la prohibición propuesta podría afectar directamente a unas 200 familias y, de manera indirecta, a cerca de mil personas que dependen de esos ingresos.

Reclamo por políticas integrales

Finalmente, el exfuncionario llamó a promover un debate amplio sobre el uso del espacio público y reclamó políticas de inclusión laboral, registros, controles y mecanismos de fiscalización estatal en lugar de medidas prohibitivas. "Una ciudad no se gestiona excluyendo a los sectores más vulnerables, sino generando herramientas que permitan ordenar y al mismo tiempo integrar", sostuvo Brahim, quien pidió a las autoridades municipales actuar con "madurez política" y considerar alternativas que combinen seguridad, control y contención social.