Preocupación por la deuda de la Nación de los descuentos aplicados a jubilados y la AUH

Dentro de actualidad compleja por una serie de factores que hacen cada vez más cuesta arriba el sostenimiento de la actividad, empresarios señalan un factor de preocupación que cada vez toma más importancia y es la deuda que mantiene el Estado nacional con las concesionarias por la compensación de los descuentos aplicados a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según advierten desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), los pagos correspondientes a los denominados "atributos sociales" —beneficios que se aplican a través de la tarjeta SUBE— se encuentran atrasados desde enero. Esto implica que las compañías están absorbiendo con fondos propios un costo que debería ser cubierto por la Casa Rosada.

El impacto no es menor. En el caso de las empresas que operan en el Gran Resistencia los atribuciones sociales representan un 22 por ciento de los ingresos anuales Por lo que la falta de pago en un contexto ya marcado por el aumento de insumos clave, como el combustible, y la caída en la cantidad de pasajeros, la deuda agrava la situación financiera de un sistema que en muchas ciudades del interior opera al límite.

La preocupación radica en que estos descuentos son fundamentales para garantizar el acceso al transporte de los sectores más vulnerables, pero su sostenimiento sin respaldo estatal genera un efecto dominó sobre toda la estructura del servicio. Menores ingresos y mayores costos derivan, inevitablemente, en ajustes operativos.

En ese marco, ya se observan consecuencias concretas en distintas jurisdicciones: reducción de frecuencias, recorte de servicios en horarios de baja demanda e incluso dificultades para cumplir con obligaciones salariales.

El temor es que, de no regularizarse la situación, se profundicen las restricciones o se generen conflictos que inevitablemente terminarían en medidas de fuerza por parte de los choferes.

Desde Fatap reclaman la cancelación urgente de la deuda y la apertura de una mesa de diálogo que permita establecer reglas más previsibles para el sistema.