Baja del presupuesto, habilitación de manicomios y exclusión de usuarios

La iniciativa en curso para modificar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, fue enviada al Congreso, para "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en situaciones de crisis y riesgo".

   La versión oficial de la propuesta de modificación de la ley de salud mental elimina el 10% del presupuesto y la asistencia económica a las provincias, permite la reinstauración de manicomios, resta competencias a los psicólogos y excluye a los usuarios del Órgano de Revisión.

Puntos clave 

   El nuevo criterio de internación involuntaria introduce una evaluación "situacional" del riesgo, considerando antecedentes y evolución previsible, no solo el estado del paciente en el momento, manteniéndose como recurso excepcional. Un médico psiquiatra podría indicarla en urgencias, debiendo ser ratificada en 24 horas, y el plazo para notificar a la Justicia se extendería de 10 a 24 horas.

   La ley busca reemplazar el término "padecimiento mental" por definiciones basadas en la "Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)", utilizando conceptos como "trastornos mentales o del comportamiento".

   Además, propone "una red más flexible" que incluya "hospitales especializados para casos graves" y servicios en hospitales generales para casos leves.

Un nuevo sistema de supervisión

  El actual Órgano de Revisión (OR) sería reemplazado por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con mayor presencia del Ministerio de Salud y áreas técnicas como la SEDRONAR, para una supervisión más especializada.

   Además busca "fortalecer registros nacionales como el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental)" para conocer la capacidad instalada y disponibilidad de camas.

Debate y críticas

   La propuesta generó intenso debate: mientras algunos profesionales del sector señalan que la ley actual dificulta intervenir en crisis críticas y ralentiza las internaciones, organizaciones de derechos humanos y usuarios la consideran un retroceso en derechos humanos que facilita las internaciones sin riesgo cierto e inminente y otorga demasiado poder a los jueces sobre las decisiones médicas.