Avanza en Diputados la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto es impulsado por grandes empresas mineras y cámaras del sector, como la Cámara Argentina de Empresas Mineras, además de gobernadores de provincias con fuerte actividad extractiva, agrupadas en espacios como la "Mesa del Litio" y la "Mesa del Cobre". También cuenta con el apoyo de la AmCham Argentina y sectores vinculados al gobierno de Donald Trump, en un contexto de creciente interés internacional por los recursos estratégicos.

La iniciativa propone modificar aspectos centrales de la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas clave de agua. Entre los cambios más cuestionados figura la posibilidad de habilitar actividades económicas —especialmente minería a gran escala— en zonas actualmente protegidas.

Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implicaría una reducción de los niveles de protección en un contexto de crisis climática y retroceso de los glaciares. También alertan que podría afectar el caudal de ríos y cuencas hídricas, fundamentales para el abastecimiento de agua.

La socióloga María Eugenia González Cuidet señaló que el proyecto introduce criterios de "función hídrica comprobada" para definir qué áreas proteger, lo que podría dejar sin cobertura a zonas que, aunque no tengan un impacto directo verificable, cumplen roles ambientales clave. Según explicó, esto contradice principios básicos del derecho ambiental, como el precautorio y el de progresividad.

El debate también estuvo atravesado por cuestionamientos al proceso de participación pública. Aunque el Gobierno convocó a una audiencia, más de 120 mil personas se inscribieron y solo unas 300 pudieron exponer. Diversos sectores denunciaron irregularidades y señalaron que el mecanismo no cumplió con estándares establecidos por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Durante la audiencia, el abogado ambientalista Enrique Viale denunció vínculos entre legisladores y empresas mineras, y sostuvo que la reforma beneficiaría a grandes compañías internacionales. Entre ellas mencionó a Barrick Gold, BHP y Glencore.

Mientras algunos sectores impulsan una consulta popular, otros anticipan que, de aprobarse, la ley será judicializada. En un escenario atravesado por intereses económicos y tensiones ambientales, el futuro de la normativa abre un debate clave sobre el modelo productivo y la gestión de los recursos naturales en el país.