Crece el rechazo y se intensifica la disputa por el agua

Ante el avance del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el gobierno de Javier Milei, crece el llamado a coordinar a nivel nacional acciones en defensa del agua y el ambiente. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo asegura tener los votos para aprobarla en Diputados, con apoyos de sectores del PRO, la UCR y algunos bloques peronistas.

El proyecto es respaldado por grandes empresas mineras, cámaras empresariales y gobernadores de provincias con recursos estratégicos como litio y cobre. La reforma propone modificar aspectos centrales de la Ley 26.639, reduciendo la protección de glaciares y zonas periglaciares, actualmente consideradas reservas clave de agua dulce.

Especialistas y organizaciones ambientales advierten que los cambios habilitarían actividades extractivas, como la megaminería, en áreas hoy protegidas. También señalan que introducir criterios de "función hídrica comprobada" podría limitar la protección a ciertos territorios, dejando expuestas zonas fundamentales para el equilibrio ambiental. En un contexto de crisis climática y retroceso de glaciares, consideran que la reforma es regresiva e incluso inconstitucional.

Además, alertan sobre el impacto en las cuencas hídricas y destacan que los glaciares representan una de las principales fuentes de agua pura, en un país donde gran parte de los recursos ya están contaminados.

La audiencia pública convocada por el Congreso, con más de 120 mil inscriptos pero solo unos 300 expositores habilitados, fue fuertemente cuestionada por su carácter limitado. Durante las jornadas, se denunciaron vínculos entre sectores políticos y empresas mineras, principales beneficiarias del proyecto.

El rechazo social también es significativo: más del 60% de la población se opone a la reforma, principalmente por el riesgo sobre el agua y el ambiente. Frente a este escenario, distintos sectores plantean alternativas como la judicialización o una consulta popular, mientras crecen los reclamos por una respuesta colectiva para frenar la iniciativa.