Fuerzas federales convocan a una protesta por salarios

   La manifestación, bajo la modalidad de "abrazo solidario", se realizará en el Edificio Centinela, sede de Gendarmería, en reclamo por los bajos salarios.

   El malestar en las fuerzas expone una fuerte contradicción con el discurso oficial que promete "cuidar a quienes nos cuidan". Según denuncian los efectivos, muchos perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y se ven obligados a buscar trabajos adicionales para sostenerse, como conducir vehículos de aplicaciones.

   A la cuestión salarial se suma la crisis de cobertura médica. Tras el colapso de la obra social Iosfa —que había absorbido a los uniformados— el Gobierno avanzó en una reestructuración que derivó en la creación de nuevos esquemas, pero con prestaciones aún inciertas. En la práctica, aseguran, gran parte del personal se encuentra con serias dificultades de acceso a la salud, lo que incrementa el malestar interno.

   El conflicto también tiene aristas políticas. Durante la gestión de Patricia Bullrich se otorgaron mejoras a sectores jerárquicos de Gendarmería, lo que generó tensiones con los rangos más bajos y con otras fuerzas que se sintieron relegadas. Ese desequilibrio salarial es señalado como uno de los factores que hoy alimentan la protesta.

   En el Gobierno, la preocupación apunta a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionada por su capacidad de conducción. Fuentes oficiales la describen como una funcionaria con perfil técnico pero sin control efectivo sobre las fuerzas.

   Su figura también genera inquietud por antecedentes de gestión: en 2013, cuando ocupaba un cargo en Córdoba, la policía provincial protagonizó un acuartelamiento que derivó en una grave crisis de seguridad. Ese episodio es recordado hoy como una señal de alerta dentro de la Casa Rosada.

   A la fragilidad interna se suma una disputa política con Bullrich, en el marco de alineamientos cruzados dentro del oficialismo. Esa tensión también impacta en la relación con la cúpula de Gendarmería y complica aún más la gobernabilidad del área.

   Otro foco de conflicto reciente fue la reducción de custodias en instituciones de la colectividad judía en Buenos Aires, decisión que generó preocupación en entidades comunitarias y cuestionamientos por el contexto internacional. La medida, además, fue inicialmente negada por la ministra, lo que profundizó las críticas dentro del propio Gobierno.