Despidos, denuncias sindicales y un clima laboral en tensión

El episodio más reciente fue el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el pedido de desafuero de diez delegados sindicales para avanzar con su despido. Se trata de referentes de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), entre ellos Alejandro Lipcovich y Norma Lezana, acusados de liderar la toma de oficinas en la Dirección Médica en octubre de 2025. Aquella ocupación fue una respuesta a los descuentos salariales aplicados por los días de paro.

Según el Gobierno, la medida fue "ilegal" y afectó el normal funcionamiento del hospital. En ese marco, se notificaron once despidos y más de treinta sumarios administrativos, tras un año atravesado por cerca de 40 jornadas de paro. Los gremios, en cambio, sostienen que se trata de una represalia contra la organización sindical y anunciaron apelaciones y nuevas asambleas.

A este escenario se sumó, en enero de 2026, la denuncia de ATE por la rescisión de unos 70 contratos de suplentes en áreas críticas como laboratorio, pediatría y kinesiología. Según el sindicato, los trabajadores fueron obligados a pasar al régimen de monotributo, perdiendo estabilidad, vacaciones y licencias. Desde la dirección del hospital negaron despidos y afirmaron que se trata de un cambio en el sistema de pago, basado en productividad, sin impacto en la atención.

El conflicto se inscribe en un contexto más amplio. Durante 2025, los trabajadores realizaron múltiples protestas por la pérdida de poder adquisitivo, estimada en más del 60% desde 2023. También se registraron entre 200 y 300 renuncias de profesionales, vinculadas al deterioro salarial y a las condiciones laborales.

Los gremios denuncian "descuentos brutales" por adherir a las medidas de fuerza y critican las políticas de presentismo, que afectan especialmente a enfermeras, docentes e instrumentadoras. Reclaman una recomposición salarial urgente y una mesa de diálogo permanente.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en ordenar el funcionamiento del hospital y evitar medidas que perjudiquen a los pacientes. En medio de acusaciones cruzadas, el Garrahan enfrenta un escenario delicado, donde la defensa de derechos laborales y la garantía de atención médica vuelven a chocar sin una solución a la vista.