Arrecian críticas a la ofensiva de España sobre redes sociales

   Su anuncio —un paquete de cinco medidas que incluye la prohibición de acceso a menores de 16 años, la regulación de algoritmos, el monitoreo del odio, la persecución de delitos por IA y la responsabilidad legal de directivos— se presenta como una vanguardia regulatoria. Sin embargo, los analistas consideran que "no es casual que la ambición legisladora coincida con los ataques directos y personalizados de Elon Musk" contra el presidente español. Más que un diseño estratégico de soberanía tecnológica, "el plan parece una respuesta a la guerrilla digital del magnate que utiliza X (antes Twitter) como ariete político contra gobiernos que no se pliegan a su agenda".

Esquivando el modelo de negocio

   La medida estrella —la restricción de edad— "es el ejemplo perfecto de política basada en Focus Groups", dicen los críticos. El Gobierno detectó una angustia social genuina en las familias y "Lanza un globo sonda que guarda un parecido razonable con el fallido ‘pajaporte’ (el sistema de verificación de edad para la pornografía que terminó en el olvido). La propuesta es, en términos técnicos, inviable, porque ignora que cualquier adolescente, incluidas probablemente las hijas del propio presidente, sabe saltar un bloqueo geográfico mediante una VPN en cuestión de segundos".

   Al centrar el debate en la fecha de nacimiento del usuario, la Moncloa evita convenientemente el choque frontal con "El verdadero problema: el diseño adictivo y el efecto cognitivo de las plataformas. Prohibir el acceso es una solución de humo que pone el foco en el eslabón más débil —el menor— para no tener que intervenir en la arquitectura de algoritmos diseñados para la extracción masiva de atención y datos", remarcan.

La lección de Brasil

   La tensión con los dueños de las plataformas no es un simple roce diplomático; es un conflicto de civilizaciones políticas. Figuras como Peter Thiel, inversor inicial de Facebook y fundador de Palantir, dejaron por escrito su desprecio por la democracia, argumentando que el Estado de bienestar y el voto femenino son obstáculos para la libertad del capital. "Para estos tecno-oligarcas, la competencia es para los perdedores y el objetivo es el monopolio absoluto. Mientras España hace anuncios en cumbres internacionales, otros países muestran el camino de la coacción efectiva. Francia ya allanó sedes de X por la difusión de contenidos nauseabundos, pero el caso paradigmático es Brasil. Bajo el gobierno de Lula, el juez Alexandre de Moraes logró torcerle el brazo a Musk no con retórica, sino con un apagón de 39 días y multas que amenazaban la rentabilidad de sus 21 millones de usuarios. La lección es clara: las Big Tech solo respetan la ley cuando el coste de ignorarla supera los beneficios del feudo", dijo la periodista Laura Arroyo.

Tecnofeudalismo: de los datos a las minas del Sahel

   "Como sostiene Janis Varoufakis, no estamos ante una evolución del capitalismo, sino ante una mutación hacia el tecnofeudalismo. Los usuarios hemos pasado de ser clientes a ser siervos de la nube que trabajamos gratis produciendo la materia prima de la persuasión digital", dice Manu Levin, analista de medios de comunicación. "Esta estructura se asienta sobre tres pilares que los Estados cedieron alegremente: el control de la conversación, la expropiación de datos para predecir comportamientos y, fundamentalmente, la propiedad de la infraestructura física. La soberanía digital no se disputa solo en el código del algoritmo, sino en las minas de materiales críticos en el Sahel, en el despliegue de cables submarinos y en la constelación de satélites Starlink. Al privatizar la arquitectura misma de la información, los Estados permitieron que tiranos ultra-tecnológicos —muchos de ellos vinculados con figuras oscuras como Jeffrey Epstein— se conviertan en los nuevos señores de la red".

Cinismo frente al televisor

   Levin considera que "Resulta profundamente cínico que el Gobierno denuncie los bulos (noticias falsas) en redes sociales, mientras el presidente se sienta a conceder entrevistas frente a personajes como Antonio García Ferreras (presentador de La Sexta, canal de actualidad política), señalado por dar pábulo a informaciones burdas para atacar a adversarios políticos. La desinformación no nació en el algoritmo de TikTok; lleva décadas operando en los consejos de administración de la prensa y tv tradicional en España. Estos medios, deficitarios por diseño, no buscan la rentabilidad económica sino vehicular los intereses de sus accionistas: la banca y las energéticas".

   Según el Reuters Institute, los menores de 30 años ya no buscan información, sino que la "descubren pasivamente" en redes. "Esta pérdida del monopolio sobre el ciudadano-producto es lo que realmente aterra a la vieja oligarquía mediática, que ahora aplaude las prohibiciones digitales para intentar recuperar un control que ya no les pertenece por derecho de calidad, sino por inercia sistémica", advierte Levin.

La voluntad política como infraestructura

   Frente al modelo extractivo de Silicon Valley, existen alternativas reales que no dependen de la caridad de los magnates. "China mantiene el control de sus gigantes mediante las Golden Shares (acciones de oro) con derecho a veto estatal; India desarrolló la UPI, infraestructura pública de pagos que rompe el monopolio de Visa o Google; y Brasil declaró sus centros de datos como infraestructuras críticas. La creación de una BBC de las redes sociales, una infraestructura pública digital basada en código abierto, no es un reto técnico, ya que la tecnología es barata y accesible. Es, estrictamente, falta de voluntad política. En lugar de disputar el común digital como un servicio público esencial, la Unión Europea y España prefieren un modelo punitivo que no moleste demasiado a los gigantes de la nube", remarca Arroyo.

Propiedad o barbarie

   La batalla por la conciencia ya no se libra en las plazas, los bares o los sindicatos; se trasladó a recintos privados propiedad de multinacionales con agendas regresivas. Como advierte el sociólogo y teórico político italiano Paolo Gerbaudo, "Hemos permitido que la discusión pública se traslade a feudos donde el algoritmo potencia la rabia, porque la rabia es rentable".

   "El problema fundamental del plan de Sánchez es que no cuestiona quién es el dueño de la imprenta digital", dice Gerbaudo. "No importa cuántos años tenga el lector si el dueño de la rotativa es un multimillonario misógino y reaccionario que diseña la realidad a su antojo. La regulación debe dejar de mirar hacia abajo, hacia el usuario, y empezar a mirar hacia arriba, hacia el propietario".

   "Para recuperar la democracia, es imperativo pasar de la retórica del ‘prohíbase’, a la acción del ‘regúlese, constrúyase o exprópiese’. La propiedad del algoritmo es la gran batalla política de nuestro tiempo", concluye.