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Iron Mountain, 12 años después

Una herida abierta entre la memoria y la impunidad

Cada 5 de febrero, en una esquina discreta del barrio de Barracas, el sonido de las sirenas vuelve a romper el silencio en memoria de los ocho bomberos y dos rescatistas fallecidos, y las siete personas gravemente heridas que dejó el siniestro.

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A las nueve de la mañana, familiares, bomberos y vecinos se reunieron frente al predio de Azara 1245 para recordar a las diez víctimas del incendio de Iron Mountain ocurrido en 2014. Hoy se cumplieron doce años de una tragedia que marcó a la Ciudad de Buenos Aires y que, pese al paso del tiempo, sigue sin respuesta judicial definitiva, aunque la Justicia hace 13 años determinó que el incendio fue intencional con el fin de destruir documentos.

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Aquella mañana, entre las 8.30 y las 9.15, un incendio se desató en el interior del depósito donde la empresa Iron Mountain almacenaba documentación bancaria, médica, comercial y archivos audiovisuales. El fuego avanzó rápidamente en un galpón cargado de material inflamable. Bomberos de la Policía Federal, voluntarios y rescatistas de Defensa Civil ingresaron para controlar las llamas y evacuar a los empleados. Minutos después, el calor extremo debilitó la estructura. Una pared colapsó y sepultó a quienes estaban en pleno operativo.

El saldo fue devastador: murieron ocho bomberos y dos rescatistas, y al menos siete personas resultaron gravemente heridas. Entre las víctimas se encontraba Anahí Garnica, la primera mujer bombera de la Policía Federal, y Facundo Ambrosi, quien agonizó durante doce días antes de fallecer. Desde entonces, sus nombres se repiten cada año en los actos conmemorativos, acompañados por un minuto de silencio y el toque de sirena.

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La conmoción inicial dio paso rápidamente a las preguntas. ¿Por qué el edificio no contaba con sistemas adecuados contra incendios? ¿Por qué se permitió que funcionara con irregularidades? ¿Qué documentación se perdió en el siniestro? En febrero de 2015, peritos judiciales sostuvieron que el fuego podría haber sido intencional, vinculado a la posible destrucción de papeles relacionados con investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal. Esa hipótesis encendió una alarma política y mediática.

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Sin embargo, informes posteriores, como el elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional, descartaron la intencionalidad y pusieron el foco en las graves deficiencias estructurales y en la falta de controles. La coexistencia de pericias contradictorias terminó diluyendo responsabilidades claras y prolongando el proceso judicial. A lo largo de los años, la fiscalía impulsó indagatorias contra directivos de la empresa, funcionarios del Gobierno porteño y responsables de áreas de control y de bomberos. Hoy hay cerca de veinte imputados, pero el juicio oral todavía no tiene fecha.

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La lentitud de la causa se convirtió en uno de los principales reclamos de los familiares. "Doce años sin justicia es otra forma de violencia", repiten en cada aniversario. Muchos de ellos denuncian que el expediente avanzó a ritmo irregular, atravesado por apelaciones, cambios de jueces y demoras administrativas. Para los allegados a las víctimas, el tiempo terminó funcionando como un aliado de la impunidad.

La herida se reabrió en abril de 2023, cuando el mismo predio volvió a incendiarse. Aunque no hubo muertos, el episodio reavivó las sospechas sobre la seguridad del lugar y sobre la custodia de documentación sensible. También reforzó la sensación de que, a pesar del antecedente trágico, poco había cambiado en materia de controles y prevención.

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Mientras tanto, cada aniversario renueva el pacto con la memoria. En Barracas, los bomberos mantienen la bandera a media asta, los familiares colocan flores y leen cartas, y los vecinos acompañan con aplausos silenciosos. Los medios publican cronologías, entrevistas y balances judiciales. El recuerdo se convierte en una forma de resistencia frente al olvido.

Doce años después, el incendio de Iron Mountain sigue siendo mucho más que un accidente. Es el símbolo de una cadena de negligencias empresariales, fallas estatales y opacidades judiciales. También es el retrato de una sociedad que honra a sus héroes, pero que todavía no logra garantizarles justicia.

En cada sirena que suena cada 5 de febrero resuena una misma pregunta: ¿cuánto tiempo más deberá pasar para que la tragedia encuentre una respuesta? Mientras esa respuesta no llegue, Iron Mountain seguirá siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Buenos Aires.

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