"A partir de ahora, cualquier dato del Indec puede ser puesto en duda"

La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec y su reemplazo por Pedro Lines abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre el sistema estadístico argentino. Para Alejandro Pegoraro, titular de la consultora Politikon Chaco, el episodio no es un hecho aislado sino un punto de inflexión que vuelve a colocar al organismo "bajo un manto de sospecha", con consecuencias que exceden largamente el dato mensual de inflación.

En diálogo con Sensación Térmica, el ciclo que se emite por NORTE TV, Pegoraro advirtió que la señal que envía el Gobierno es "equivocada" y supone un deterioro de la calidad institucional, en un contexto donde el Indec ya venía siendo cuestionado por la demora en actualizar la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Problema de credibilidad

Según el economista, la principal implicancia del cambio de autoridades es que la credibilidad del organismo queda dañada, aun cuando no exista manipulación directa de los datos. "No es solo la inflación: cualquier estadística que produzca el Indec en este esquema está vulnerable a ser criticada o puesta en duda", señaló.

Pegoraro recordó que la Argentina ya atravesó una experiencia similar durante la intervención del INDEC en los años 2008 y 2009, cuando el descrédito estadístico derivó incluso en litigios vinculados a la deuda pública. "El lado B no es solo que el ciudadano no crea el número; es que la estadística oficial está atada a contratos, bonos y obligaciones del Estado", explicó.

Impacto económico

El IPC no es un dato aislado. Pegoraro enumeró que está directamente vinculado a bonos ajustados por inflación, créditos UVA, negociaciones salariales, la movilidad jubilatoria y, desde este año, a la evolución de la banda cambiaria. En ese marco, cualquier duda sobre su construcción metodológica tiene efectos sistémicos.

La decisión de postergar la actualización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares —base para redefinir las ponderaciones del índice— agrava ese escenario. "Se generaron expectativas de que en enero comenzaba una medición más representativa, y ahora se comunica que se posterga hasta consolidar la desinflación. Eso rompe la consistencia del proceso", sostuvo.

Señal política

Para el titular de Politikon Chaco, lo más grave fue que el anuncio haya sido encabezado por un ministro. "Confirmó una intromisión política: se avanzó sobre un organismo que debe ser independiente y sobre un proceso —el desinflacionario— cuyo actor central es el Banco Central", dijo.

Qué cambiaría con la nueva canasta

Uno de los ejes centrales del debate en torno al Indec es la desactualización de la metodología con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Actualmente, el organismo utiliza ponderadores basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004.

Según explicó Alejandro Pegoraro, esa encuesta responde a un contexto muy distinto al actual. Un ejemplo clave es el de vivienda y servicios públicos, que en la canasta vigente tiene una ponderación cercana a 9,8%. Con una metodología actualizada, ese peso treparía a alrededor de 15%, reflejando mejor el impacto de tarifas, alquileres y expensas. Algo similar ocurre con transporte y comunicaciones, rubros que ganarían relevancia.

Pegoraro aclaró que, en el corto plazo, la diferencia mensual entre ambas mediciones no sería significativa —del orden de 0,1 o 0,2 puntos—, pero advirtió que en un escenario de quita de subsidios y aumentos tarifarios, la brecha se amplía en el acumulado anual. Allí radica el núcleo del problema: una inflación que podría verse más alta.