"Una ley que deteriora el pacto social educativo"

   Mientras se multiplican agresiones que antes eran impensables, el gobierno impulsa la llamada "Ley de Libertad Educativa". Una encuesta de CB Consultora entre especialistas del sector y trabajadores docentes sobre el proyecto arrojó que, lejos de reparar vínculos, podría institucionalizar la fractura existente y acelerar el deterioro del pacto social que sostiene la educación pública argentina.

   Los episodios recientes son elocuentes: una madre golpea a una maestra en la puerta de una escuela en San Martín; padres incendian la casa de un niño acusado de "tocar" a sus compañeras en Mar del Plata; dos madres alientan una pelea entre sus hijas en José C. Paz mientras otros estudiantes filman la escena. Estas situaciones —cada vez más frecuentes— revelan la erosión de la autoridad escolar y la disolución de normas básicas de convivencia.

   A este temblor cotidiano se suma otro, de origen institucional. El gobierno de Javier Milei presentó el borrador de la "Ley de Libertad Educativa", una reforma estructural que redefine los roles del Estado, las familias y los docentes. La violencia en los patios y la ley que se discute en los despachos no son fenómenos independientes: ambos expresan una crisis profunda del pacto educativo y de la confianza que lo sostiene.

Puentes rotos: diagnóstico en las aulas

   La periodista Solana Camaño describe el vínculo entre familias y escuelas como "puentes rotos", una imagen que sintetiza años de desgaste. Hoy, la desconfianza se volvió norma: docentes relatan que muchas familias se posicionan de entrada en clave defensiva —"vengo a defender a mi hijo"—, como si la escuela fuese un enemigo. Esto erosiona la palabra pedagógica y dificulta cualquier diálogo.

   La inmediatez digital intensifica la crisis. Los límites de la escuela se disuelven ante un mensaje de WhatsApp que expande y distorsiona conflictos en cuestión de segundos. Redes donde se organizan y viralizan peleas convierten la violencia en espectáculo, dejando a las instituciones siempre atrás.

   A esto se suma la creciente judicialización. Conceptos propios del derecho, como "agresor" o "victimario", se imponen sobre el lenguaje pedagógico y dificultan intervenciones formativas. Para la especialista Ana Campelo, esta tendencia desplaza la posibilidad de comprender los conflictos como parte del aprendizaje democrático.

   Finalmente, persiste una crisis de sentido entre los estudiantes, expresada en la apatía y la falta de horizonte. La experiencia escolar pierde significado en una sociedad que no les ofrece expectativas claras de futuro.

Una ley que institucionaliza el conflicto

   En este contexto, la "Ley de Libertad Educativa" implica un giro de paradigma. Basada en el principio de subsidiariedad, relega al Estado a un rol secundario y coloca a la familia como "agente natural y primario" de la educación. Según los analistas Andrés Soko y Alejandro Barton, esta arquitectura normativa institucionaliza la fragmentación y el enfrentamiento.

Continuidades, rupturas y un riesgo mayor

   La ley presenta rupturas, pero también recoge tendencias previas, como la descentralización educativa y la proliferación de proyectos institucionales. Sin embargo, para Soko, la novedad es la escala: se trata de una "ruptura de calidad" que busca fragmentar a la comunidad educativa, aislar a los directivos del cuerpo docente y enfrentar a las familias con los maestros. Incluso habilita nuevos vectores de división, como la enseñanza confesional en escuelas públicas fuera del horario regular.

Reconstruir o derrumbar

   La violencia escolar y la reforma propuesta expresan la misma enfermedad: la erosión de la escuela como espacio público y comunitario. Mientras la primera muestra un desorden que crece desde abajo, la segunda pretende convertir ese desorden en norma legal. En lugar de reconstruir puentes, la ley amenaza con dinamitar los últimos que quedan.

   La pregunta final es inevitable: ¿qué sociedad puede construirse cuando se desmantela el corazón social que representan los docentes y la escuela pública? La respuesta definirá si estamos ante la posibilidad de recomponer un pacto educativo o frente al derrumbe definitivo de su arquitectura social.