Molina atribuyó "motivación política" al conflicto entre el gobierno del Chaco y la Fundación Valdocco

El sacerdote Juan Carlos Molina, diputado nacional electo por la lista peronista Fuerza Santacruceña, sostuvo hoy que el conflicto entre el gobierno del Chaco y la Fundación Valdocco está motivado por cuestiones políticas y no administrativas. En contacto con NORTE Tv, afirmó que la UEGP 144 de General Vedia "sigue funcionando con normalidad" y apuntó contra la ministra de Educación chaqueña, Sofía Naidenoff.

"Esto es netamente político. Hace un mes fui candidato en Santa Cruz y fui electo diputado. Quieren demonizar a la Fundación porque se la quieren agarrar conmigo", expresó. Molina recordó que Valdocco trabaja en el Chaco desde 2012 y señaló que existe un convenio firmado entre ambos gobiernos provinciales desde 2011, el cual habilita la labor educativa y social conjunta. Tras asegurar que no escuchó las declaraciones de la funcionaria provincial, sí afirmó que "la ministra debería leer la Resolución".

El cura aclaró que en Comandancia Frías (corazón de El Impenetrable chaqueño) la fundación ya no administra una escuela, ya que esa institución fue traspasada al Estado provincial cuando el gobierno anterior fortaleció la oferta educativa en la zona. No obstante, indicó que la organización mantiene allí una casa de atención y contención para adolescentes indígenas con problemas sociales y de adicciones. "Estamos autorizados a tener albergue. Cada menor tiene autorización de sus padres y aval judicial", sostuvo.

Molina confirmó que hubo traslado de estudiantes entre Santa Cruz y el Chaco en el marco del convenio. "Todo es legal. Tenemos chicos que estudian, comen, reciben atención médica y están acompañados por equipos profesionales", detalló, y remarcó que actualmente los jóvenes están en General Vedia.

Sobre la denuncia por presunta trata de personas difundida en medios nacionales, señaló que no recibieron ninguna citación judicial. "Sabemos que se presentó algo en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, pero no tenemos ninguna notificación. El día que nos llamen, estaremos", dijo.

El también extitular de Sedronar afirmó que decidió hablar para llevar tranquilidad a las familias. "Hay 120 chicos wichí que están estudiando, comiendo, vacunados, con atención de salud y docentes trabajando. No se cerró nada. Esto corre como reguero de pólvora y genera miedo", señaló. Según explicó, muchos adolescentes llegan con graves vulnerabilidades, incluidos consumos problemáticos y falta de escolarización real. "Alfabetizar a un joven de 14 o 15 años requiere equipos especiales, y los tenemos", concluyó.

En contexto

En octubre de 2025, Juan Carlos Molina fue denunciado penalmente en Santa Cruz por supuesta trata de personas, fraude y explotación de menores, en una causa que involucra fondos públicos y traslados irregulares de niños desde el Chaco.

El pasado 30 de noviembre, el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia resolvió hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar y ordenó restituir el funcionamiento regular de la UEGP Nº 144 de General Vedia, institución que contiene y educa a niños y jóvenes de la comunidad wichí y qom de El Impenetrable chaqueño.

La decisión judicial, firmada por Julián Fernando Benito Flores, Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 21, dispone suspender los efectos de la resolución del Ministerio de Educación que había clausurado el establecimiento, retirado la pauta salarial docente y ordenado la reubicación de los estudiantes, se informó a través de las redes sociales de la Fundación. A la vez, "exige reactivar la transferencia de fondos y mantener la planta docente en los términos previos", agregan.

El magistrado consideró que la clausura inmediata y la desafectación de cargos generaban "un perjuicio irreparable" y afectaban derechos constitucionales como la educación, la igualdad, la no discriminación y el interés superior del niño, en una comunidad "hipervulnerable" como la wichí. Además, señaló que el acto administrativo oficial era "manifiestamente desproporcionado". Desde Valdocco, la reacción llegó a través de un fuerte descargo en redes sociales. La organización denunció una "persecución" por parte de la ministra de Educación y del director de Educación Pública de Gestión Privada. Aseguró que todo comenzó con "el corte ilegal y sin fundamento de la subvención estatal", seguido de la clausura de la escuela "con causales inexistentes".

"Demostramos que no sólo no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino que vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra aquellos que creen que por detentar cargos pueden hacer lo que quieran y decidir por fuera de las normas legales", afirmaron en su descargo. 

La resolución judicial establece un apercibimiento de multas en caso de incumplimiento y llama a las partes a avanzar en la causa principal, donde se definirá el fondo del conflicto. Mientras tanto, la escuela deberá continuar funcionando con normalidad y los estudiantes podrán mantener su ciclo lectivo.

En tanto, ayer, autoridades del gobierno provincial aseguraron que apelarán la decisión judicial, ratificaron la clausura de la institución por "una serie de irregularidades" y que a medida judicial le significa al Estado provincial una erogación de más de 124 millones de pesos mensuales para el pago de 70 docentes, "muchos de los cales no viven en el Chaco".