La jueza Valle se apartó del caso Valdocco y se demora la resolución final

Se conoció en las últimas horas que la jueza del Superior Tribunal de Justicia , Emilia María Valle, presentó su apartamiento de la causa que investiga el cierre de la escuela gestionada por la Fundación Valdocco en General Vedia.

La magistrada fundamentó su decisión en la existencia de un vínculo familiar con uno de las juezas que intervino en el proceso, lo que obliga a reconfigurar la Sala que debe decidir sobre el fondo de un conflicto que ya escaló a niveles políticos. En concreto, Valle sostuvo que Natalia Kuray, jueza de la Cámara de Apelaciones, es sobrina de su marido lo que a priori podría comprometer su subjetividad.

El apartamiento se da cuando la Corte chaqueña tiene en sus manos la revisión de los recursos de inconstitucionalidad presentados tras el fallo de la Cámara de Apelaciones Multifueros, que avaló la clausura del establecimiento y el corte de subsidios estatales.

El origen del conflicto fue cuando el Ministerio de Educación ordenó el año pasado la clausura definitiva de la escuela y la retención de aportes estatales (que superaban los 170 millones de pesos). El argumento oficial se basó en graves irregularidades administrativas, como la existencia de "docentes fantasmas" que supuestamente cobraban sueldos simultáneamente en Chaco y Santa Cruz, además de la falta de documentación respaldatoria sobre el uso de los fondos públicos.

Para entonces, la entidad denunció una "persecución política y racial" y obtuvo un fallo a favor tanto de la medida cautelar primero como del recurso de amparo por parte del juez del Juzgado Civil y Comercial 21, Julián Flores. En aquella oportunidad el argumento fue que la institución no es solo una escuela, sino un dispositivo de contención integral donde jóvenes wichí del Impenetrable reciben vivienda, salud y tratamiento contra adicciones.

Defender recursos 

Cuando se conoció la sentencia de segunda instancia, el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, recordó que, durante las inspecciones realizadas, se constató la presencia de apenas 10 personas trabajando, mientras que se transferían sueldos correspondientes a casi 100 trabajadores.

"Esto motivó a que desde el Ministerio de Educación se intime a la fundación a dar de alta a los docentes. Además, el nivel secundario y el nivel terciario no funcionaban, mientras el titular de la fundación hacía propaganda en Santa Cruz diciendo que era rector en el Chaco y que era candidato a diputado nacional por esa provincia", sostuvo.

Asimismo, aclaró que la investigación determinó que muchos de los docentes que pretendían percibir haberes tenían domicilio en Caleta Olivia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Catamarca y algunos en Chaco.

"Defendimos los recursos, porque la Cámara, por unanimidad, determinó que era totalmente errónea la decisión del juez de primera instancia, que obligaba al Gobierno provincial a pagar cientos de millones de pesos a personas que ni siquiera se encuentran en el Chaco", destacó. Gutiérrez remarcó además que, en la última inspección realizada con intervención judicial y la participación del subsecretario de Minoridad, se constató que no había más de ocho personas cuidando a niños, sin contar con las habilitaciones judiciales correspondientes.