La Argentina apela para evitar pagar u$s 16.100 millones

  La audiencia, considerada clave, busca anular o reducir la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.

   La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de Preska fue "errónea" y se basó en una interpretación equivocada del derecho argentino. Durante la exposición, los abogados del Estado enfatizaron que el tribunal debía aplicar la legislación argentina "como lo haría un tribunal argentino", y apelaron al sentido de justicia y a la integridad del sistema judicial estadounidense.

   El argumento central de la defensa es que el caso no se relaciona con el derecho bursátil de EEUU ni con declaraciones del prospecto de la oferta pública inicial de YPF de 1993. Recordaron que los demandantes no participaron en aquella oferta, sino que adquirieron sus acciones quince años después, en operaciones privadas con Repsol en España, "rodeadas de sospechas de corrupción". Según la Procuración, esos inversores realizaron una "mínima inversión de capital" y, junto con Repsol, "drenaron los recursos de YPF" antes de la expropiación mediante dividendos excesivos.

   Los abogados remarcaron que los demandantes eran conscientes de que cualquier disputa sobre el estatuto de YPF debía resolverse según la ley argentina y ante tribunales nacionales. No obstante, tras la expropiación optaron por litigar en EEUU. "La sentencia pretendió aplicar el derecho argentino, pero llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás", afirmaron, en alusión crítica a la jueza Preska.

   El gobierno argentino también señaló que el verdadero impulsor del litigio es Burford Capital, un fondo británico especializado en financiar demandas judiciales. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia de más del 37.000%, lo que implicaría un pago total de unos u$s 18.000 millones con intereses. Según la Procuración, el fondo utiliza los tribunales estadounidenses "para obtener un beneficio extraordinario a expensas del pueblo argentino" y habría declarado su intención de "obstaculizar el proceso de normalización económica del país".

   Asimismo, los representantes del Estado señalaron que este caso refleja "el modus operandi de gobiernos anteriores", en alusión a los liderados por Cristina Fernández de Kirchner, cuando ciertos grupos empresariales se habrían enriquecido "amparados por el poder político".

   Bajo la presidencia de Javier Milei, la Procuración del Tesoro aseguró que se implementó una estrategia de defensa "vigorosa e integral", coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, para resguardar los intereses nacionales. Además, destacaron el apoyo de varios Estados que presentaron escritos respaldando la postura argentina.

   Finalmente, el gobierno expresó su optimismo en que la Corte de Apelaciones revierta el fallo, reconociendo que los tribunales estadounidenses "no deben intervenir en casos regidos por otra jurisdicción" y evitando que se utilice su sistema judicial "para obtener ganancias desproporcionadas".