El proceso en el que el defensor del Estado es un abogado de los demandantes

   El juicio por la expropiación de YPF en 2012 ha avanzado significativamente en los últimos meses. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, condenó a la Argentina a pagar aproximadamente u$s 16.100 millones a los antiguos accionistas de YPF, representados por el fondo buitre Burford Capital. Esta sentencia se basó en la falta de una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios durante la nacionalización de la empresa. 

   En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de los EEUU intervino en el caso, recomendando que no se obligue a la Argentina a entregar su participación del 51% en YPF para satisfacer el fallo. El argumento principal fue que tal acción podría violar la inmunidad soberana y sentar un precedente que podría servir reclamar activos estadounidenses en cualquier distrito en el extranjero. 

   Por su parte, Burford Capital mostró disposición a recibir el pago en bonos soberanos u otros títulos negociables, reconociendo las limitaciones financieras actuales de la Argentina.  En enero de 2025, el gobierno argentino aceptó proporcionar información detallada sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos potencialmente embargables, en cumplimiento con una orden de la jueza Preska. Esta medida busca identificar posibles activos para satisfacer la deuda impuesta por el fallo. 

   El caso continúa en desarrollo, con negociaciones en curso y acciones legales adicionales previstas para determinar los activos que podrían ser utilizados para que el Estado argentino cumpla la sentencia.

El representante de la Argentina

   A cargo de la defensa del Estado argentino está Andrés De la Cruz, subprocurador del Tesoro. De la Cruz fue antes parte de staff Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, firma de abogados multinacional-estadounidense que inició el litigio contra el Estado argentino. Del Cruz defendió allí los intereses Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que podría beneficiarse si los litigantes hacen primar sus intereses en el juicio. Ahora, por designación de Milei, De la Cruz representa al Estado argentino.

   Los Eskenazi fueron anteriormente accionistas de YPF, posición a la que llegaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando adquirieron el 25% de YPF usando dinero proveniente de créditos que más tarde fueron pagando con las ganancias que obtenían de la misma empresa. Los Kirchner presentaron la compra de acciones de YPF por parte de los Eskenazi como una especie de "nacionalización" de YPF.

   En 2015, el fondo buitre Burford compró al Grupo Petersen el derecho a litigar contra el país en los tribunales de Nueva York a cambio de u$s 15 millones por la operación. De lo que Burford logre finalmente cobrar como indemnización, los Eskenazi obtendrán otro 30%.

   El conflicto se originó en 2012, cuando la Justicia norteamericana dictaminó que el gobierno de Cristina Kirchner, al "estatizar" YPF, perjudicó al Grupo Petersen, la sociedad española de los Eskenazi, al no realizar una oferta por las acciones que poseía.