La jueza Loretta Preska rechazó revisar su fallo contra la Argentina
La jueza federal Loretta Preska desestimó el pedido de revisión del fallo que obliga a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares a las firmas Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de YPF en 2012. La solicitud había sido presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que buscaba anular la decisión judicial, pero fue rechazada por considerarse "inoportuna" y carente de interés legal en el caso.

El recurso fue presentado el 17 de febrero ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Preska emitió una orden para que las partes involucradas se pronunciaran. Burford Capital, una de las beneficiarias del fallo, argumentó que la solicitud llegó "un año tarde" y no tenía fundamentos válidos para ser considerada. Por su parte, el Estado argentino, representado por la Procuración del Tesoro, apoyó el pedido de RA4ARG y reiteró su compromiso de investigar los hechos relacionados con la adquisición de las acciones de YPF por parte del grupo Eskenazi. Además, el gobierno argentino expresó su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses en cualquier investigación relacionada con el caso.
Sin embargo, la jueza Preska consideró que la ONG no tenía un interés legítimo en el litigio y que su solicitud no cumplía con los requisitos legales para ser admitida. En su fallo, Preska señaló que RA4ARG no presentó una demanda o defensa válida, y que ninguna de las determinaciones legales o fácticas del caso afectaba los derechos que la organización pretendía defender. "La intervención permisiva bajo las reglas no está justificada", afirmó la magistrada, cerrando así la puerta a cualquier revisión del fallo.
El caso se remonta a 2015, cuando Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda contra Argentina tras adquirir los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que pertenecían al grupo Eskenazi. Este grupo tenía una participación accionaria del 25% en YPF al momento de su expropiación en 2012. En 2023, la justicia estadounidense falló a favor de las firmas, condenando al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera. Este fallo representa un duro golpe para Argentina, que ahora enfrenta una deuda millonaria en un contexto económico ya complicado. La decisión de Preska de rechazar la revisión del caso consolida la sentencia y deja al país sin muchas opciones para revertirla. Mientras tanto, el gobierno argentino continúa insistiendo en la necesidad de investigar a fondo las circunstancias que rodearon la compra de las acciones de YPF por parte del grupo Eskenazi, aunque por ahora no ha logrado avances significativos en ese sentido.
El caso YPF sigue siendo un tema polémico y de alto impacto, no solo por las implicaciones económicas para Argentina, sino también por las cuestiones legales y políticas que rodean la nacionalización de la empresa y las demandas internacionales que ha generado.
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