La nueva Constitución santafesina

   Nueve meses después de sancionarse la Ley de necesidad de reforma y a dos años del triunfo de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, la Convención Reformadora cerró dos meses de trabajo con un texto consensuado entre radicales, justicialistas y socialistas, las fuerzas que gobernaron la provincia desde 1958. El resultado: 161 artículos y 27 cláusulas transitorias.

   La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad no acompañaron el texto, aunque algunos de sus representantes votaron artículos puntuales, como el que crea un nuevo órgano para seleccionar jueces y fiscales, y permanecieron en la jura. Lucila Lehmann, ex CC-ARI, anticipó incluso una presentación ante la Corte Suprema por considerar afectada la división de poderes.

   La idea de reforma venía gestándose desde hacía años. Miguel Lifschitz estuvo cerca de concretarla, pero las divisiones internas del socialismo lo impidieron. Pullaro, con mayoría en ambas cámaras, logró los acuerdos que en su momento le negaron a sus antecesores. El peronismo, aunque con matices, participó activamente de la Convención junto a Ciudad Futura y el Frente Renovador. También se sumó el Frente de la Esperanza, impulsado por Ariel Sclafani, con apoyo de sectores radicales.

   Sin embargo, el nuevo pacto institucional no estuvo exento de cuestionamientos. Sectores de izquierda y sindicales denunciaron que la simultaneidad de la elección con las PASO provinciales buscó diluir el debate político. Criticaron, además, dos aspectos centrales: la habilitación de la reelección del gobernador —en ruptura con la tradición santafesina— y la suba del piso electoral del 3 al 5 %, que restringirá la representación proporcional.

   Más de fondo, cuestionaron la incorporación del "déficit cero" y el "equilibrio fiscal" a la Constitución, lo que interpretan como la constitucionalización del ajuste sobre trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, subordinando la provincia a la política económica nacional y favoreciendo al agronegocio. También reprocharon que se evitara discutir sobre la Hidrovía y los puertos, señalando la continuidad de la connivencia entre poder político, policial y narcotráfico.

   El texto introduce una nueva estructura de poder, con organismos inexistentes en la Constitución del 60, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Para el oficialismo, se trata de un ejemplo de institucionalidad y consenso. Para sus críticos, de un "consenso liberal" que amenaza a los sectores populares. Con la Constitución ya vigente, se abre ahora el debate de unas veinte leyes necesarias para ponerla en práctica.