Fiscales presionan para acelerar el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

   Reclaman la ejecución inmediata para cubrir más de 680 mil millones de pesos —unos 530 millones de dólares al tipo de cambio oficial— que deben afrontar solidariamente todos los condenados.

   En un escrito "para agilizar" la tarea del tribunal, los fiscales entregaron una nómina de más de 140 bienes considerados "decomisables", adquiridos entre 2003 y 2015. La lista incluye más de 100 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas; unas 20 vinculadas a la expresidenta, la mayoría cedidas a sus hijos Máximo y Florencia; y alrededor de una veintena de inmuebles de otros exfuncionarios, como el exsecretario de Obras Públicas José López, con cinco propiedades.

   El proceso de ejecución se abrió en junio, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia dictada en diciembre de 2022. Sin embargo, el decomiso todavía no se concretó. El plazo para que los condenados respondieran de manera conjunta venció el 13 de agosto, tras una intimación del TOF2. Como nadie cumplió, Luciani y Mola insistieron el 20 de agosto en que se ejecute de inmediato el apercibimiento.

   La disputa también escaló a la Cámara de Casación, que realizó una audiencia la semana pasada. Cristina Kirchner pidió anular la ejecución y cuestionó la forma en que se calculó el monto del decomiso. El fiscal ante Casación, Mario Villar, rechazó ese planteo y defendió la validez del proceso.

   Para los fiscales, el TOF2 está demorando indebidamente la aplicación de una condena firme al abrir instancias de participación a las defensas: "Pretender que puedan opinar sobre la ejecución de una pena accesoria firme es similar a habilitar un recurso extraordinario".

   Entre los bienes señalados de Cristina Kirchner figuran un terreno de 6.000 metros en El Calafate, adquirido como tierra fiscal y cedido en 2007 a Austral Construcciones, empresa de Báez, con una valorización 45 veces superior al precio inicial. También varios fideicomisos para desarrollos inmobiliarios transferidos a sus hijos. No figura el departamento de Constitución donde cumple prisión domiciliaria, ya embargado en la causa Hotesur-Los Sauces.

   Algunos inmuebles de Báez ya están bajo control judicial por la causa "La ruta del dinero K", en la que recibió 10 años de prisión. Es el caso de cuatro propiedades sobre Avenida Libertador, en Olivos.

   Luciani y Mola remarcaron que el listado entregado no es exhaustivo, pero constituye "un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme".