Salarios en caída y el presupuesto más bajo en casi dos décadas

   La medida forma parte de un plan de lucha que se prolongará durante un mes e involucra a 57 instituciones de todo el país.

  Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario de 2025 es el más bajo desde 2006 y registra una caída acumulada del 32% en términos reales desde 2023. Esto ocurre a pesar del aumento del 29% dispuesto por el Decreto 425/25, que no logró compensar el recorte previo ni la inflación acumulada. La inversión por estudiante también alcanzó un piso histórico: es la más baja desde 2005 y se ubica un 53% por debajo del promedio de la última década. Mientras que entre 2010 y 2023 el gasto anual rondaba los $4 millones por alumno, en 2025 apenas llega a $2,1 millones.

   El plan de lucha de CONADU comenzó con un paro total de actividades del 11 al 17 de agosto. A partir del 18, y hasta el 7 de septiembre, se realizarán paros de 48 horas semanales en días rotativos, afectando clases, actividades de investigación y tareas administrativas.

   Carlos De Feo, secretario general de la federación, advirtió que "la situación salarial que estamos viviendo en las universidades es histórica. No hemos vivido nunca en nuestro país una caída salarial de estos niveles". De acuerdo con datos de CONADU, los incrementos salariales cercanos al 1% que propone el Gobierno implican una pérdida del 28% en el salario real de los docentes con dedicación simple en comparación con 2023. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) coincidió en el diagnóstico y precisó que, desde la asunción de Javier Milei, los ingresos de los docentes universitarios retrocedieron más del 40% frente a la inflación.

   En el plano legislativo, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que busca asegurar fondos suficientes para sostener el sistema público y revertir la pérdida salarial. Sin embargo, el presidente Javier Milei reiteró que vetará cualquier normativa que "altere el déficit fiscal" y, el pasado viernes, anunció que firmará una instrucción para prohibir que la Tesorería General de la Nación financie el gasto primario mediante emisión monetaria, advirtiendo que habrá sanciones penales para quienes incumplan la regla fiscal.

  Ante ese escenario, Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, planteó en declaraciones al canal de streaming Gelatina que "si el Gobierno veta la ley de financiamiento universitario, la alternativa es una consulta popular vinculante que no se puede vetar".

   Mientras tanto, las universidades alertan sobre un panorama cada vez más crítico: salarios que pierden poder adquisitivo mes a mes, presupuestos que no alcanzan para cubrir gastos básicos y un riesgo creciente para la continuidad de proyectos académicos y de investigación que sostienen la producción de conocimiento en el país.