Colectivos: madura un acuerdo para evitar suspensiones y despidos

La crisis que atraviesa el transporte público de pasajeros en el área metropolitana del Chaco podría encontrar, esta semana, un respiro transitorio.

Las conversaciones entre el gremio que agrupa a los choferes y las empresas TCM, ERSA Urbano avanzan en busca de un entendimiento que permita sostener las fuentes laborales y garantizar la prestación del servicio sin interrupciones.

Hoy está prevista una cita en la Dirección de Trabajo, en el marco del procedimiento preventivo de crisis que las empresas presentaron semanas atrás. Sin embargo, las partes analizan la posibilidad de postergar esa instancia para llegar a la audiencia con un acuerdo cerrado, probablemente antes del viernes. Desde el sindicato, advierten que la prioridad absoluta es evitar la suspensión de trabajadores y el recorte de haberes al 50%, como inicialmente habían propuesto los empresarios.

En las negociaciones previas, las firmas expusieron que el principal costo que enfrentan es el salarial, que representa una porción cada vez más alta de sus ingresos

La postura gremial fue tajante: no aceptar la aplicación de suspensiones. En cambio, propusieron que contadores de ambas partes revisen los números para diseñar una alternativa que preserve el empleo y la operatividad del sistema.

ACUERDO EN PUERTA

La fórmula que gana terreno es mantener por tres meses la escala salarial vigente desde enero, complementada con un porcentaje de los haberes abonado como suma no remunerativa. Este mecanismo, argumentan, no reduciría el ingreso de los trabajadores y permitiría a las empresas aliviar la carga de contribuciones patronales, generando oxígeno financiero temporal.

Desde la conducción sindical se insiste en que lo que está en juego son alrededor de 5.000 puestos de trabajo, por lo que cualquier concesión se evalúa con el objetivo de resguardar la totalidad de las fuentes laborales. La expectativa es que un entendimiento por fuera de la mesa formal de Trabajo —cerrado entre lunes y martes— sea luego presentado en la Dirección para dejar sin efecto el preventivo de crisis.

Ese eventual pacto contemplaría tres meses de relativa estabilidad, en los que no se aplicarían suspensiones ni habría despidos. Las unidades seguirían circulando con normalidad y se evitaría la convocatoria a medidas de fuerza. Pasado ese plazo, las partes volverían a evaluar la situación para determinar si el esquema transitorio puede sostenerse o si será necesario replantear la negociación.

La hoja de ruta proyectada por los negociadores prevé formalizar el acuerdo de manera administrativa y presentarlo ante la autoridad laboral como un hecho consumado. Así, el procedimiento de crisis quedaría cerrado y se abriría un período de observación hasta octubre, momento en el que se definirá si la actividad logra estabilizarse o si la conflictividad vuelve a escalar.

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