Crimen de Rafael Nahuel: confirman las condenas a cinco prefectos 

   El fallo ratificó la sentencia dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca, que halló culpables a los efectivos Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa. El tribunal también los inhabilitó para ejercer cargos públicos.

   Durante un operativo de desalojo ordenado por el gobierno nacional, Rafael Nahuel, integrante de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, fue asesinado de un disparo por la espalda el 25 de noviembre de 2017 en Lago Mascardi. Además, otras dos personas resultaron gravemente heridas: Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

   El operativo estuvo a cargo de las fuerzas federales, bajo la conducción del entonces presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También contó con el aval del gobierno provincial de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck. Sin embargo, las responsabilidades políticas no fueron parte del juicio, lo que generó cuestionamientos por la impunidad institucional.

   El proceso judicial determinó que uno de los prefectos fue el autor del disparo fatal, mientras que los otros cuatro fueron condenados como partícipes necesarios. Aunque recibieron la pena máxima posible para el tipo de delito imputado, ninguna de las condenas superó los 5 años y 8 meses de prisión, el tope legal establecido para los homicidios cometidos con exceso de legítima defensa.

   La resolución de la Sala III de Casación también ordenó al tribunal de origen que fije las penas individuales de cada condenado, lo que se realizará en una nueva audiencia.

   Este fallo confirma las irregularidades del accionar represivo durante el desalojo de territorios reclamados por comunidades mapuches, en el contexto de una política de seguridad que durante el gobierno de Cambiemos se caracterizó por una fuerte criminalización de la protesta indígena.

   Diversas organizaciones de derechos humanos y representantes de pueblos originarios volvieron a exigir que se investigue a los responsables políticos del operativo, señalando que la violencia institucional no puede abordarse solo desde el accionar policial, sino también desde la toma de decisiones del poder ejecutivo.

   La sentencia, aunque valorada como un paso hacia la justicia, deja abierto el debate sobre la persistente impunidad de las máximas autoridades estatales en casos de violencia contra pueblos originarios. A siete años del crimen, el reclamo de verdad y reparación por la muerte de Rafael Nahuel sigue vigente.