El gobierno monitorea el impacto internacional de la condena a CFK

El gobierno mira con atención el impacto internacional de la condena contra Cristina. Con la confirmación de la Corte Suprema, la estrategia de la expresidente pasará por la presión internacional a través de la sumatoria de apoyos políticos como el de Claudia Sheinbaum y "Lula" y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sheinbaum incluso le pidió a su Cancillería que analice la posibilidad de un repudio a la condena en conjunto con el gobierno de "Lula" y del colombiano Gustavo Petro.

Un diplomático muy cercano a la administración libertaria citado por La Política Online señaló que el impacto internacional de la expresidenta generó "una situación incómoda, tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina y dos de los tres países latinoamericanos del G20 también".

El medio adelantó en exclusivo que el Grupo de Puebla es uno de los sectores que lidera la ofensiva internacional contra el fallo, a través del Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia que lideran la abogada brasileña Carol Proner y el exjuez español Baltasar Garzón. Se trata de dos abogados con buenos contactos en los ámbitos de la Justicia internacional.

El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que "el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal" y por eso la decisión es presentarse ante la CIDH.

CONDENA MÁS DURA

El mismo medio reveló que los jueces que condenaron a Cristina quieren endurecer sus condiciones de detención para limitarle al máximo su actuación política y no descartan negarle la domiciliaria o revocársela en cualquier momento.

Además, se está conformando el Comité por la Libertad de Cristina, en un esquema parecido al realizado para reclamar la liberación del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, donde confluyen juristas y abogados de distintos países para realizar acciones de defensa de Cristina a nivel internacional.

Se están conformando así tres frentes de acción para defender a Cristina en el plano internacional. El Grupo de Puebla con Proner y Baltazar Garzón, los abogados personales Cristina como Carlos Beraldi y el Partido Justicialista en coordinación con los aliados regionales como el PT de Brasil, Morena en México y hasta algunos se animan a sumar al Partido Comunista de China con quien el PJ tiene una relación cercana e institucional.

Uno de los abogados que está trabajando en la defensa de la expresidenta aclaró que antes de llegar a la Corte Interamericana deben agotarse las instancias institucionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. "El reclamo puede ser una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada por Cristina como persona afectada, sus representantes legales, o un tercero, que puede ser una ONG, un abogado o un ciudadano con interés legítimo", explicó el abogado consultado.