Empleados que denunciaron a la jueza Fanta piden que sea destituida por violencia laboral
Mañana 29 de abril, a las 16, se conocerá el fallo del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, contra la suspendida jueza en lo Civil y Comercial 22 Teresita Beatriz Fanta, donde el procurador general Jorge Canteros, pidió que la magistrada sea destituida por inhabilidad física o mental y que se declare abstracta la primera acusación.
Fanta tenía acusaciones que hizo su defensa recurriera a varias acciones para dilatar el jury. Por un lado, mal desempeño y violencia laboral, es la denuncia que formularon un grupo de empleados del juzgado 22. A horas de que el órgano encargado de designar y remover jueces y fiscales de a conocer la sentencia, varios trabajadores se contactaron con NORTE para expresar su preocupación ante la posibilidad de que Fanta salga airosa y luego tome represalias como, según dicen los empleados, ya habría advertido que les iniciará acciones legales.

"El Jury fue iniciado por causales que incluyen incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, reiteración de graves irregularidades en el procedimiento y realización de actos incompatibles con lo establecido en la Ley de Erradicación y Prevención de Violencia Laboral en la Administración Pública (Ley 2023-A, art.8, incs. c), d), i) y q) de la Ley 33-B)", explicaron.
Adicionalmente, en el año 2024, "se incorporó una nueva causal basada en el artículo 8 inciso b) de la Ley 33-B, referida a la inhabilidad física o mental, invocando una incapacidad de 40% de carácter permanente determinada por el Insssep. Esta situación es alarmante ya que implica que la señora Fanta recibió el beneficio jubilatorio por invalidez debido a padecimientos como neurosis histérica, tiroiditis autoinmune de Hashimoto, escoliosis y fibromialgia".
Como empleados judiciales comprometidos -afirmaron- "con la integridad y el correcto funcionamiento del sistema judicial, nos preocupa profundamente el impacto que estas situaciones tienen no solo sobre nuestra labor diaria sino también sobre la confianza pública en la administración de justicia. El 27 de marzo de 2025 se llevó a cabo una Audiencia de Debate Oral y Público que ha captado la atención de la sociedad y del ámbito judicial. En esta ocasión, la procuración solicitó al Jurado de Enjuiciamiento que se pronuncie únicamente por la destitución de la Magistrada Fanta, argumentando inhabilidad física o mental, y pidiendo que se declare abstracta la acusación original por mal desempeño, que abarca también la violencia laboral", remarcaron sobre la solicitud de Canteros.
Actos de violencia, acreditados
Sobre los maltrataros laborales padecidos en el Juzgado 22, recordaron que "el propio Superior Tribunal de Justicia, mediante la resolución 289/23, evidenció problemas serios en la gestión jurisdiccional de Fanta y actos que violan la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en el Ámbito de la Administración Pública. A pesar de los intentos de Fanta por desestimar las acusaciones, el maltrato hacia sus empleados ha sido objetivamente comprobado por el Superior Tribunal, según un informe elaborado por la Comisión de Inspección", indicaron.

Además, "los testimonios recopilados durante esta investigación revelan un ambiente laboral profundamente afectado. La mayoría del personal del Juzgado Civil y Comercial 22 ha denunciado situaciones críticas, donde se ha constatado que el personal administrativo se siente sensiblemente afectado y desvalorizado, mientras que los funcionarios han experimentado hostigamientos sistemáticos y "sobrecargas de trabajo sin lineamientos claros".
La gravedad de estos hallazgos llevó al Superior Tribunal a promover el jury. Sin embargo, el descontento entre los trabajadores es palpable ante el hecho de que su voz fue silenciada en este proceso judicial. Es porque la Procuración dejó sin efecto las audiencias donde los testigos debían declarar, privando a los empleados del derecho fundamental a ser escuchados como víctimas. Muchos se han expuesto públicamente para visibilizar su situación, enfrentando represalias temidas en su carrera judicial. Los trabajadores han expresado su preocupación sobre cómo quedarán las cosas si el Jurado no aborda las acusaciones de violencia laboral. "Ya han circulado rumores sobre posibles represalias contra aquellos que denunciaron los abusos vividos", adelantaron a NORTE.
Mientras tanto, lo que parece ser un intento por parte del sistema judicial para resolver esta situación con una destitución basada en "inhabilidad" podría dejar sin justicia a quienes realmente sufrieron maltrato.

La lucha por un entorno laboral seguro y digno continúa, reflejando no solo los intereses de quienes trabajan en el sistema judicial, sino también los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que dependen de una justicia eficaz y justa.
Los trabajadores han manifestado que no solo han soportado el maltrato en primera persona, sino que también se han presentado a declarar en cada ocasión solicitada, incluso bajo condiciones adversas, como licencias psiquiátricas. Han recurrido a los medios de comunicación para visibilizar su situación y defender sus derechos, enfrentándose al temor fundado de represalias en sus carreras judiciales.
Un calvario
"Serán ajenos, posiblemente, al calvario que nos significa haber transitado todo este tiempo a la espera de una respuesta jurisdiccional justa y razonable que nos reivindique como personas y trabajadores; mientras tuvimos que soportar los artilugios procesales que se siguieron en el jury para dilatar su trámite", remarcaron los denunciantes de Fanta.
Entenderán -preguntan los trabajadores- "los miembros del Consejo de la Magistratura que, como empleados judiciales violentados por quien era nuestra superior, no merecemos protección al igual que un particular que es violentado por una magistrada. Pensarán que seremos menos merecedores de consideración que un particular (en referencia al caso de la exjueza Laura Buyatti). Es que no logramos comprender cómo un caso que en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia motivó la implementación del "Protocolo de Actuación de la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral" no tiene -sin embargo- en el marco de un juicio político (ámbito constitucional propicio para juzgar la responsabilidad de un Magistrado), la recepción y consideración que merece toda la situación vivenciada a raíz de la violencia laboral instigada por Fanta, que ha sido -reiteramos- objetivamente comprobada".
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