Caso Fanta: la jueza ejerce su derecho de réplica

Señor director de NORTE: 

1) En ejercicio del derecho de réplica que me asiste constitucionalmente, vengo por este acto a manifestarme, en primer lugar, en relación a la Carta de Lectores publicada en fecha 28/03/2025 por este diario, escrita por quien fuera mi suegra, abuela paterna de mi hijo, Nelly Rosa Villa, "abogada", donde con la única finalidad de perjudicarme y atacarme en mi rol de madre y persona de bien "aprovecha" esta situación de vulnerabilidad en que me encuentro laboralmente para denunciar hechos falsos y que no se corresponden con la verdad ni con lo probado y argumentado en las distintas causas judiciales en trámite ante el Juzgado de Familia interviniente. 

Publicaciones con información falsa de este tipo vulneran el interés superior de mi hijo (su nieto), de 5 años de edad, que no puede defenderse y queda expuesto públicamente por su grupo familiar paterno, sin importarles las consecuencias que a corto o mediano plazo van a repercutir en la vida social de mi hijo, ya que lo estigmatizan públicamente y lo colocan en el centro de un conflicto utilizándolo como "objeto" para atacarme desde que decidí poner fin al matrimonio con su hijo en febrero de 2021.

En la carta de lectores, la señora Villa –quien además hace énfasis en su larga trayectoria como abogada y se dice "conocedora del derecho de familia"– cosifica a mi hijo "su nieto" utilizando para referirse a mí (la madre, exnuera) como "tenedora", vocablo que se utiliza en el léxico jurídico para señalar a quienes tienen en su poder cosas y objetos, postura ampliamente criticada por la legislación actual familiar para referirse a niños, niñas y adolescentes. ¿Será que es esa la mirada que ella y su grupo familiar tienen respecto de mi hijo, su nieto?

Resulta perversa y temeraria la forma en que distorsiona la realidad y se anima a calumniarme e injuriarme públicamente –acusando también a la justicia– cuando se ha constatado que la"colonización al niño"a la que refiere la"Dra"solo existe en la estrategia pergeñada por ella y su hijo para desacreditar las violencias denunciadas, por lo que deberá responder ante la justicia.

El tema invade mi esfera personal que no es pública, ya que lo único público es el cargo que ostento, vulnerándose también los derechos de intimidad de mi hijo, aunque el daño ya está hecho.

Jamás infringí ley alguna, ni cuento con favoritismos ni privilegios de ninguna naturaleza. 

2) En segundo lugar, y en ejercicio de mi derecho a réplica también me refiero a la nota publicada por este diario en fecha 4 de abril del corriente año titulada "Acusación con el patrocinio de la doctora Lilita Carrió. Supuesto certificado trucho para atacar a su ex, la denuncia que Fanta esquivó". 

La "información" además agraviante, es falsa e incorrecta. La verdad es que como parte del hostigamiento y violencia que sufro desde que decidí separarme, en diciembre de 2024, el arquitecto Gustin con patrocinio de su madre Nelly Rosa Villa y firma de la doctora Carrió presentó una falsa denuncia en mi contra ante el Consejo de la Magistratura argumentando nuevamente hechos falsos y refiriendo a "delitos" que solo alguien que desconoce el derecho puede realizar, distorsionando situaciones y circunstancias refiriéndose además a las de las causas en trámite de carácter familiar y penal que escapan a la competencia funcional del Consejo de la Magistratura y que por eso no fueron tratados. 

No esquivé ninguna denuncia y enfrentaré con tranquilidad de conciencia y fundamento legal –como lo hice hasta ahora– cada falsa denuncia que realiza el progenitor ante los tribunales ordinarios. 

Aclaración aparte merece –por la falsa información difundida también por distintos medios de comunicación– por expresiones de quien fuera mi psicóloga licenciada Galvagna, quien se expresó profesionalmente en relación con rasgos de la personalidad de Gustin en un certificado requerido por la jueza de Familia Interviniente años atrás. En ese certificado la profesional hacía su diagnóstico aclarando que se refería a Gustin según lo relatado por su paciente en las distintas sesiones tenidas conmigo, como es de práctica en todos los casos. Sin embargo, iniciado el proceso penal, la profesional que fue mi terapeuta durante cuatro años sin importarle el juramento ético e hipocrático que realizan los profesionales de la salud, para evitarse "líos" llegó a un acuerdo con la defensa de Gustin de retractarse de lo referido en dicho certificado.

Ahora bien, para los entendidos en el tema, esa retractación que se define como "arrepentimiento", es una alternativa que la ley ofrece antes de iniciar en juicio a fin de poner fin al conflicto por razones de economía procesal y conforme bien lo establece la última parte del artículo 117 del Código Penal "no importara para el acusado la aceptación de su culpabilidad". 

Es decir, retractarse no significa que el documento sea falso ni que fue pedido por mi parte para acusar falsamente a Gustin de violencia intrafamiliar. Todas estas acusaciones son falsas. Además, en las causas en trámite, me sobran pruebas para acreditarla. Incluso, con ofrecimiento de testigos.

3) Por último, en relación con las últimas publicaciones realizadas respecto del proceso de jury en mi contra en trámite o de sus efectos, me es necesario contarles humildemente a quienes no me conocen más que por la campaña mediática en mi contra, que no soy una persona violenta. 

Empecé mi carrera judicial en el año 1995 con tan solo 18 años de edad, como quien dice "desde abajo", lo que expongo con orgullo. Que me he desempeñado durante mi carrera judicial de casi treinta años en distintos cargos a los que fui accediendo por concurso de antecedentes y oposición como personal administrativo y luego jerárquicos con personal a cargo. Jamás fui cuestionada ni he tenido acusaciones de este tipo. Todo lo contrario.

Que de haberse aplicado el protocolo que establece la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de la Administración Provincial –a la que tanto han hecho referencia– para detectar si realmente hubo violencia en un equipo de trabajo, previa acusación ante el Consejo de la Magistratura, seguramente se hubiera podido determinar que no la hubo.

Tampoco he incurrido en "malos manejos". No es lo que reflejaron las estadísticas oficiales. Temas estos que, al igual que las pruebas ofrecidas por mi parte no fueron nunca consideradas. Como también fundamentos válidos expresados en los distintos planteos realizados por mi abogado defensor, Adrián Maximiliano Gaitán, para acceder a un juicio justo, que me asegure garantías mínimas de legalidad.

Soy una persona de bien, elegí mi carrera profesional por vocación y honestamente. Creo en los valores que hacen al estado de derecho, de igualdad ante la ley, en el principio de inocencia –que nadie salió a defender, ni siquiera los colegas– según el cual nadie puede ser declarado culpable sin juicio basado en ley anterior al hecho, en el debido proceso que es el que se debe llevar adelante ante un tribunal imparcial y sin que se obstaculice el derecho de defensa. Nada fue respetado en mi caso. 

4) El tema de salud y previsional. La persecución y condena mediática sin pruebas desplegada en mi contra desde el año 2022 es algo jamás visto. El sentimiento de indefensión y hostigamiento que he tenido que afrontar ante cada novedad del trámite del juicio "político" me ha generado –como a cualquier ser humano– un daño a mi salud psicofísica que aunque parcial es permanente, me impide seguir cumpliendo rol de magistrada, aunque haya sido considerada una estrategia para "zafar" de un juicio. Juicio que, de continuar, sería anulado por tribunales superiores nacionales (CSJN) e internacionales (CIDH) según conocida doctrina y jurisprudencia por no ajustarse a derecho.

 Me jubilo con treinta años de aportes con fundamento en la segunda parte del artículo 75 de la Ley 800 H (ex 4044), conforme dictamen del Departamento de Legales del Insssep del año 2023, el cual basado en ley y jurisprudencia de la Corte Suprema y Justicia de la Nación me reconoció el beneficio teniendo en cuenta la ley vigente y resultado de dos juntas médicas oficiales que me determinaron una incapacidad laboral del 40% por cuestiones psicofísicas y no solo psíquicas como también se dijo. El actual directorio respetó la ley y el procedimiento de forma.

Me rige la misma norma previsional y requisitos que a todos los empleados de la administración pública provincial, ya que en nuestra provincia no existen leyes con privilegios. 

Esos aportes que hice durante tantos años (treinta) son los que se tomarán en cuenta para liquidar el haber jubilatorio que me corresponde. No voy a "vivir del sueldo de los chaqueños" como también se dijo con toda la mala intención por allí.

Tampoco está "suerte" o beneficio depende del resultado del jury en mi contra. Me corresponde en derecho, como a cualquier trabajador, sin importar el motivo de la destitución que tanto quiere lograr un sector a fuerza de ser ilegal y mal intencionado.

En este punto, me detengo a contestar la publicación realizada por el Consejo de Abogados de Resistencia, quienes en fecha 31 de marzo del corriente, sacaron un comunicado faltando a la verdad y confundiendo a la sociedad al expresar que "el mal desempeño debe juzgarse y de corroborarse dar lugar a la destitución con pérdida de los beneficios jubilatorios" (la negrita me pertenece). Lo expresado no se ajusta a lo establecido por la Constitución ni a al sistema previsional que nada tiene que ver con la destitución en juego. Llama poderosamente la atención que esas conclusiones vengan de un grupo colegiado y formado en derecho. Máxime cuando tienen su representante en el Consejo de la Magistratura.

Por último, expreso mi deseo desde lo más profundo de mi corazón y por el bien de mi provincia y de mi país, por el futuro de nuestros hijos, que tengamos la valentía de vivir con respeto y apego a las instituciones, a las leyes y Constitución Nacional y Provincial. Que no prevalezcan otros intereses no sean los de la verdad y la justicia. Que todos seamos iguales ante la ley y se respeten las garantías del debido proceso para una sociedad más justa, libre de violencias. Lo merecemos por dignidad, cada ciudadano, sin distinciones, para contribuir así a la paz social, único fin de la justicia.

Agradezco la oportunidad y el espacio para expresarme.

¡Les deseo a todos unas Felices Pascuas de Resurrección!

TERESITA MARÍA BEATRIZ FANTA

ABOGADA

RESISTENCIA