Amenazas y mentiras sobre la matriculación profesional

Señor director de NORTE:

La nota publicada en NORTE (20/12/2025) firmada por Daniel E. Bled, que anuncia el fin de la matricula profesional incluida en la reforma laboral recientemente ingresada al congreso nacional para su tratamiento, es una enorme falsedad.

Es necesario aclarar que el gobierno nacional efectivamente quiere eliminar los colegios profesionales, lo que se puede ver en los proyectos de ley 1677-D-2025 y 2702-D-2025 de la diputada por La Libertad Avanza, Marcela Pagano, que tienen estado parlamentario; ambos proyectos combinados pretenden que desaparezca el control profesional que llevan los colegios profesionales, al crear una estructura nacional que los reemplace, siendo gratuita para los matriculados pero ocultando que esta gratuidad será onerosa para el resto de la población que terminará costeando la matriculación de los profesionales, algo que hoy lo costeamos los propios profesionales.

Pero nada de esto está escrito en el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno nacional. No hay una sola línea o siquiera mención al tema de la matriculación profesional en ese proyecto de ley. Basta con leer el proyecto INLEG-2025-136819284-APN-PTE, que llamaron Modernización Laboral y que de moderno solo tiene el nombre ya que regresa las relaciones laborales 100 años atrás, eliminando cientos de conquistas de los trabajadores sobre el capital.

Las leyes incluidas en el proyecto tampoco hacen mención alguna a la matriculación profesional. Bled menciona que el proyecto de reforma laboral "deja sin efecto la ley marco de la colegiación" algo que no dice el proyecto de ley, ni puede decirlo porque no existe tal ley. Bled ignora o miente al decir tal cosa. No hay una ley de colegiación, hay exactamente 24 leyes que crean los colegios o consejos profesionales de arquitectos, por ejemplo, y otras 24 por cada otra profesión, es decir que en la Argentina tenemos más de trescientas "leyes marco de colegiación". Y ello es así porque al formarse la República Argentina en su Constitución de 1.853 y en las siguientes, las provincias no delegaron en la Nación el control del ejercicio profesional; facultad que las provincias se reservaron para sí. En nuestro país federal, son las provincias las que tienen la facultad y obligación de controlar el ejercicio de los profesionales que actúen en su territorio. Por lo que la nación no puede eliminar la colegiación, porque no es la nación quien puede derogar semejante cantidad de leyes provinciales, son los parlamentos de cada provincia los que tendrían que derogar decenas de leyes que regulan el ejercicio profesional.

Lamento que el señor Bled ignore tal situación, a menos que quiera eliminar el federalismo de nuestra Constitución Nacional y de nuestras constituciones provinciales para imponer un régimen unitario que, con justicia, fue derrotado en la Batalla de Caseros.

Parte de la nota de Bled está copiada de una nota publicada en la página IProfesional.com el 11/DIC/2025 por Dolores Olveira que, como repite Bled, menciona el Decreto Ley 16.925/62, quien consultada sobre si podía brindarme una copia del decreto ley respondió que no lo tenía. Efectivamente no lo puede tener porque tal decreto no existe. Lo que se puede comprobar entrando al sistema infoleg.gob.ar, en donde está toda la legislación nacional para ser consultada por cualquier persona; tampoco está en las legislaturas provinciales, para quien se tome el trabajo de buscarlo.

Lo otro que Bled intenta tergiversar, es que la matriculación genera "asociación compulsiva". No hay compulsión alguna en la obligatoriedad de matricularse. Es una decisión democrática de la mayoría parlamentaria de nuestros representantes electos democráticamente. Es decir que fue el pueblo del Chaco quien decidió que los profesionales que ejerzan en el territorio provincial deban matricularse en un colegio profesional. Ciertos interesados en eliminar el control profesional tergiversan las elecciones, votaciones y sanciones democráticas de las leyes en "imposiciones compulsivas" que supuestamente "restringen derechos".

El centro del debate que Bled pretende ocultar es que es imprescindible que el ejercicio profesional sea controlado. ¿Basta la firma del contador para decir que el balance está correcto? ¿Basta su responsabilidad profesional para establecer que las ganancias de la empresa fueron $100 y no $1.000? ¿O que perdió plata y por lo tanto no paga los impuestos correspondientes o no distribuye dividendos entre sus socios? ¿Quién controla que el titulo presentado por el médico es auténtico? ¿Quién controla que el ingeniero haya realizado el cálculo para el edificio, sin el cual puede colapsar la estructura? ¿Quién controla la mensura del agrimensor para que no haya mayor o menor superficie que la vendida? No basta la responsabilidad profesional a que nos obliga el Código Civil y Comercial de la Nación, si el balance es erróneo y los dividendos no se reparten en perjuicio de algunos socios y beneficio de otros, o los impuestos no se pagan perjudicando a todos, si el departamento mensurado tiene más superficie que la construida y vendida, o el edificio colapsa cobrando vidas, la responsabilidad del profesional actuante no evitará las pérdidas ni las vidas, podrá responder con su patrimonio, que de ser exiguo, no resarcirá los daños, quedando solo la pena de prisión, que tampoco evita las pérdidas y daños. Es necesario el Código Civil y Comercial, pero será mejor si el ejercicio profesional se controla, entre otras instancias, por los colegios profesionales, que verifiquen que los títulos sean auténticos, que se presenten todas las documentaciones necesarias para cada servicio profesional y que permitirán establecer, ante el daño, la responsabilidad profesional. Esto es lo que hacen los colegios, nos protegen a la población y a los profesionales. 

Y la pregunta fundamental: ¿quién establece los honorarios para los profesionales? Algunos están conformes con que algún organismo nacional o provincial les regule los honorarios, como los abogados del Chaco, cuyos honorarios son regulados por el juez y el ejercicio profesional es controlado por el Superior Tribunal de Justicia. Otros pretenden que no haya regulación alguna y se cobren "honorarios libres". Ambos extremos nos quitan la facultad y responsabilidad profesional de establecer nuestros honorarios, pudiendo cobrar más a las grandes empresas que requieren nuestros servicios profesionales y pretenden pagar menos, como también nos permite cobrar menos a los sectores populares que más nos necesitan y debemos atender por ser quienes sostuvieron nuestra formación pagando sus impuestos. Aunque no exista regulación de honorarios, y los que establezcamos sean indicativos o de referencia, de no existir esta referencia se afectarán a la baja nuestros honorarios pagados por las grandes empresas mientras que algunos abusadores cobraran más a los pequeños clientes particulares, ya que no habrá referencia alguna.

La variante que plantea que sea algún organismo, en reemplazo de los colegios, quien haga el control profesional por medio de la matriculación gratuita, esconde que será toda la población quien sostendrá el funcionamiento de este organismo; el control del ejercicio profesional, la regulación de honorarios y los juicios de ética serán costeados por toda la población, siendo falso el argumento de la gratuidad. 

Bled representa la variante más retrograda, propone el fin de la matriculación y la eliminación de los colegios profesionales, lo que con la excusa de la libertad y gratuidad, deja sin protección a miles de habitantes que, falsamente pagarán menos, ya que quedarán a merced de profesionales sin escrúpulos que les cobrarán lo que se les ocurra y tendrán servicios profesionales sin control alguno; y a los propios profesionales que quedarán sin honorarios profesionales indicativos, sin representación gremial, sin control de su ejercicio profesional; todo lo cual empeorará la calidad de los servicios profesionales prestados a la población.

Bled oculta que los colegios y la matriculación se crearon porque durante años no existieron controles a los profesionales y los resultados perjudicaban enormemente a la población al impedir su acceso a los servicios profesionales por su excesivo costo y a los profesionales por no tener protección alguna ante las grandes empresas que pretendían pagarles muy poco. Los colegios surgieron por las injusticias y daños que sufrieron habitantes y profesionales, a esa época oscura nos quieren llevar de nuevo estas propuestas.

Es necesario fortalecer los colegios profesionales, posibilitando la matriculación masiva de los profesionales, lo que en la actualidad se dificulta principalmente por la afiliación a las cajas previsionales para profesionales, decidida democráticamente por las legislaturas provinciales, vale la pena aclararlo para no caer en la falsedad de que es una "imposición compulsiva"; lo que está mal es que continúen luego de la creación del sistema previsional del monotributo que permite tener la misma jubilación que ofrecen las cajas previsionales por menos años y mucho menos montos mensuales. Esto hay que volverlo optativo, como lo resolvió la Legislatura del Chaco en 2018 al sancionar cinco leyes de colegios profesionales que quitaron la obligatoriedad de afiliación a la Caja Previsional para Profesionales de la Ingeniería del Chaco. 

Lo buscado por el gobierno nacional y que Bled sostiene, es la eliminación de la referencia que brindan los honorarios profesionales indicativos, para favorecer a las grandes empresas que contratan profesionales, como empresas constructoras, desarrolladores inmobiliarios, grandes clínicas y sanatorios privados, empresas que contratan contadores, empresas de energía que contratan ingenieros o terratenientes que contratan agrimensores o escribanos. Esto es lo que está en el fondo del fin de la matrícula, de la supuesta matriculación gratuita, o de la eliminación de los colegios profesionales, todas estas variantes pretenden eliminar nuestra libertad de asociación, nuestra libertad de autocontrolarnos, nuestra libertad de establecer nuestros honorarios de referencia, a juzgar éticamente nuestro ejercicio profesional y nuestro derecho constitucional no delegado a la nación de tener y sostener nuestros colegios profesionales. 

Queremos voluntariamente sostener a nuestros colegios profesionales pagando nuestra matricula anual y nuestros aportes por cada honorario cobrado por brindar servicios profesionales para autocontrolarnos, establecer nuestros honorarios de referencia cobrando más a quien más tiene y menos a quien menos tiene y para que no nos dirija ningún gobierno de turno que atente contra el acceso a los servicios profesionales de los sectores populares.

Trabajaremos sin descanso para que la propuesta del gobierno nacional, impulsada por Bled, no prospere y sea rechazada por la inmensa mayoría del pueblo y en particular por la inmensa mayoría de los profesionales, apoyando la matriculación en los colegios profesionales votada por los representantes del pueblo electos democráticamente y con autosostenimiento de los profesionales.

GUSTAVO COLMAN 

DNI 20183616

RESISTENCIA