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En medio de la puja por el uso de celulares por parte de los presos

Uno de los asesinos de Fabiola Ramírez extorsionaba a su expareja

Ramiro Andrés Ramírez, condenado por la muerte de la mujer trans, amenazaba y chantajeaba a su exnovia con divulgar imágenes íntimas si se negaba a retomar la relación.

El Ministerio de la Defensa Pública y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se oponen a que el gobierno aplique la ley que prohíbe el uso de celulares por parte de detenidos en comisarías y cárceles.

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Ramiro Andrés Rodríguez usaba el celular para chantajear y amenazar a su expareja, quien había cortado la relación.

Por ello, recurrieron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para presentar un hábeas corpus que frene su aplicación.

En medio de este debate, donde los Derechos Humanos defienden el acceso a celulares para los internos, NORTE pudo saber que hace días la jueza de Faltas Marcela Cortés debió intervenir en un caso de suplantación de identidad relacionado con la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Uno de los condenados por matar a Fabiola Pamela Ramírez, de 22 años, estaba extorsionando a su expareja porque ella decidió terminar con la relación.

Se trata de Ramiro Andrés Rodríguez (23), quien debe cumplir una pena de 16 años tras ser condenado como coautor en un juicio abreviado. Su hermano, Hernán Damián Rodríguez, recibió una pena de 19 años. Rodríguez difundió imágenes íntimas que tenía de su relación y las publicó en redes sociales y páginas de servicios sexuales porque su expareja se negaba a reanudar la relación con él.

En 2024 se abrió una investigación en el juzgado de Cortés, lo que permitió llevar a cabo días atrás un allanamiento en la celda de Rodríguez. El detenido había creado perfiles falsos con el nombre de la víctima para ofrecer servicios sexuales y también divulgó información privada sobre ella.

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La jueza rápidamente tomó medidas para identificar al autor del delito mediante informes obtenidos de Facebook, Instagram y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y llevó las investigaciones al Complejo Penitenciario I de Villa Barberán.

Durante el allanamiento en la celda se logró incautar un celular y otros dispositivos electrónicos en posesión del acusado. Este hecho ocurre cuando organismos de derechos humanos consideran que debe garantizarse la comunicación en contextos de encierro.

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