El gobierno apeló el fallo que ordenaba la entrega de medicamentos para enfermedades raras y oncológicas 

   El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que exigía la entrega inmediata de medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas. Paralelamente, creó una nueva Dirección Nacional para reemplazar a la disuelta Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse).  

   María Fernanda Boriotti denunció que esta medida es resultado de lo que calificó como una "política de arrasamiento" del Ministerio de Salud. "Con la excusa de realizar auditorías, se dejó de entregar medicación de alto costo a quienes ya la recibían y se bloquearon nuevos expedientes. Esto provocó la interrupción de tratamientos en patologías que requieren atención urgente", explicó.  

Impacto humano

   Según un relevamiento realizado por asociaciones de pacientes y ONGs, más de 60 personas fallecieron durante 2024 debido a la interrupción de sus tratamientos. "Estas personas no solo estaban enfermas, sino que dependían del Estado para acceder a los medicamentos. Lo más cruel es que algunos de ellos tenían la enfermedad controlada y una buena expectativa de vida", lamentó Boriotti.  

Fundamentos de la apelación

  El 30 de diciembre, el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, emitió una medida cautelar que obligaba a la Dadse a entregar los medicamentos retenidos. Sin embargo, el Gobierno respondió disolviendo la Dadse y creando la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic).  

   En su apelación, presentada el 3 de enero, el Ministerio de Salud argumentó:  

   1. Falta de "legitimación activa": Según el Gobierno, las asociaciones de pacientes no están facultadas para presentar recursos de amparo. Esto afecta especialmente a personas de doble vulnerabilidad: sin cobertura de seguridad social y con enfermedades graves, quienes suelen depender de estas asociaciones para gestionar sus derechos.  

   2. El rol del Ministerio de Salud: El Ministerio sostiene que no es el garante directo del derecho a la salud, contradiciendo lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales. En su argumento, delega esta responsabilidad a las provincias, limitándose a un rol operativo.  

   "Es urgente que esta política de arrasamiento del Ministerio de Salud sea una preocupación de toda la sociedad", concluyó Boriotti.