El gobierno de Milei cortó la entrega de insulina 

   El gobierno de Javier Milei retiró la insulina a pacientes diabéticos sin cobertura médica, según denunció el intendente. La medida forma parte de una política de recortes que, advirtió el funcionario, está llevando al colapso al sistema sanitario nacional.

   Con el precio de un frasco de insulina rondando los 400 mil pesos, miles de personas en situación de vulnerabilidad quedan desamparadas ante una decisión que, lejos de ser accidental, parece ser parte de un diseño estructural. Mientras tanto, el Estado nacional se desentiende de su responsabilidad y deja en manos de municipios —sin recursos ni apoyo— la tarea de sostener servicios esenciales.

   Paralelamente, Milei impone una agenda de bajas impositivas para las provincias, empujándolas hacia una crisis financiera que profundiza aún más la emergencia social.

   Desde la asunción de Milei y con Federico Sturzenegger como principal operador económico, sectores clave como la salud, la educación, la cultura y los derechos laborales han sido blanco de drásticos ajustes. Recortes que, lejos de ser meras correcciones técnicas, impactan directamente en la vida de las personas.

   En declaraciones a Radio 10, Echarren confirmó lo que muchos temían: el Estado ya no provee insulina a quienes no cuentan con obra social. Un medicamento esencial, vital para millones de argentinos, ahora fuera del alcance de quienes más lo necesitan. Interrumpir su consumo no solo pone en riesgo la salud, sino la vida misma de los pacientes.

  Este corte en la entrega de insulina se suma a una lista cada vez más larga de medidas similares: los traslados de pacientes oncológicos del PAMI ahora deben ser financiados por los municipios; las obras sociales están en quiebra técnica y no pagan prestaciones; y los hospitales locales, saturados, son la última línea de defensa en un sistema que se derrumba mientras se reducen los fondos nacionales a las provincias.

   "Es una más, es una más de tantas", señaló Echarren. "Nos estamos haciendo cargo de situaciones que antes resolvía el Estado. Hoy nos enteramos que dejan de suministrar insulina a pacientes sin obra social. Es gravísimo", afirmó. Y detalló: "Un frasquito de insulina cuesta cerca de 400 mil pesos, para un mes de tratamiento. ¿Cómo puede afrontarlo alguien sin cobertura? O peor aún, ¿cómo puede asumirlo un municipio pequeño?".

   Para Echarren, esta no es solo una medida cruel, sino una decisión deliberada, parte de una política que prioriza el ajuste numérico antes que salvar vidas.