El gobierno busca redirigir aportes de trabajadores hacia las prepagas
Desde el próximo lunes se pondrá en marcha el nuevo registro de agentes de salud que permitirán a las prepagas recibir los aportes de los trabajadores sin intermediarios.
El gobierno pretende que sea el fin de los contratos de triangulación entre empresas de medicina privada y obras sociales, un mecanismo existente desde hace décadas. La decisión cayó mal entre los sindicatos, y podría acrecentar la tensión entre el gobierno y la CGT.
El nuevo régimen fue establecido mediante la resolución 3.284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, de principios de octubre, que fijó el 1° de diciembre como fecha de entrada en vigencia. Desde el próximo lunes cualquier afiliado podrá solicitar que sus aportes vayan directamente a las arcas de la empresa de medicina privada.
Son 4.300.000 personas, trabajadores en relación de dependencia, las que podrían solicitar este fin de la triangulación a través de un sitio que habilitará Salud. El gobierno supone que esto podría abaratar las o atenuar los aumentos de las cuotas de las prepagas, pero eso dependerá de las decisiones que tomen las empresas privadas.
En la Superintendencia de Servicios de Salud describieron que el gobierno trabaja en una adaptación de la app Mi Argentina para que cualquier usuario pueda ver cuánto de sus aportes van para las prepagas y cuánto a las obras sociales.
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR)
El FSR recibe el 15% de los aportes a obras sociales de los trabajadores y debe cubrir los gastos para atención médica de personas con discapacidad. Y en este punto el gobierno planea abrir otro debate que puede impactar en las cuentas de los gobernadores.
La Superintendencia empezó por confrontar las críticas sobre las bajas en servicios y coberturas para personas con discapacidad, en otro capítulo de la famosa motosierra. Sus números muestran que la cantidad de afiliados con discapacidad que recibieron ayuda del FSR (alimentado con aportes de los trabajadores) aumentó 13,5% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de este año.
La discusión que plantea el gobierno y que puede impactar en las cuentas provinciales no es el grado de cobertura para personas con discapacidad. El debate pasa por quién debería pagar algunos servicios hoy costeados con el mencionado fondo solidario del sistema.
En noviembre esas coberturas demandaron $88.225 millones y en lo que va del año, $671.530 millones. De acuerdo con cálculos de funcionarios de Salud, dos tercios de ese dinero se destinó a gastos de educación y transporte. El gobierno nacional dice que educación y transporte son tareas de las jurisdicciones, y proponen que las provincias se hagan cargo de dicha erogación, que en 2024 ronda los $450.000 millones.
