Nombramientos y concursos

Más cuando se trata de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco, es decir quiénes conforman los máximos organismos judiciales. Tanto a nivel nacional como provincial existen mecanismos para poder designar a los integrantes de la Corte o ministro del STJ.

Y si bien hay grandes diferencias en ambos casos no existen una participación plena de la sociedad, es decir que los ciudadanos no los eligen en forma directa. En el Chaco, el concurso lo organiza el Consejo de la Magistratura, donde los legisladores provinciales del oficialismo y oposición tienen representantes.

También, abogados, magistrados y ministros del Superior. A nivel provincial se normó el mecanismo que posibilitó que los candidatos rindan un concurso público y se realice una audiencia para que los chaqueños también puedan opinar sobre los candidatos.

Se trata de la ley 2082, que reglamenta el sistema de selección para la designación de Jueces del Superior Tribunal de Justicia y Procurador General. La misma fue sancionada a finales de 2012. No es menor que esta norma se aprobó por la fuerte presión de la sociedad, que, entre otras cosas, pretendía que se transparente el mecanismo de selección para evitar que el Poder Ejecutivo controle el concurso.

A la fecha tres jueces del STJ fueron elegidos bajo esta norma y pasando por una audiencia pública. La primera fue Iride Isabel María Grillo, luego fue el turno de Emilia María Valle y el último, Víctor del Río.

Actualmente está abierto un concurso para designar a quien reemplazará a Rolando Toledo, ex ministro que se jubiló. Curiosamente fue el último en ser designado con el sistema anterior, que no contemplaba algunos de los pasos actuales.

De esta manera hoy el Poder Ejecutivo chaqueño no tiene incidencia en el proceso de selección, más allá que espera que el Consejo de la Magistratura eleve el nombre del seleccionado. De los actuales integrantes del STJ solo uno, Alberto Modi, fue elegido bajo un sistema que no contemplaba la participación, establecida en la norma vigente a nivel provincial sancionada por amplia mayoría.

EN LA NACIÓN

A nivel nacional, la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia debe realizarse según lo establecido por el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. En el mismo se establece que "el Ejecutivo nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto".

"Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos", también fija.

En su momento el expresidente peronista Néstor Kirchner estableció por decreto un mecanismo nuevo que implicó un gran salto, pero tiempo después otro presidente hasta pretendió avanzar con nombramientos en comisión.

"Déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados, la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de La Nación en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función", establece el artículo 2 del decreto 222 de Kirchner.

Actualmente la Corte está integrada por cuatro jueces: el presidente Horacio Rosatti, que fue nombrado por Mauricio Macri; Carlos Fernando Rosenkrantz, elegido durante el gobierno anterior; Juan Carlos Maqueda, propuesto por el expresidente Eduardo Duhalde y Ricardo Luis Lorenzetti que llegó al cuerpo durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Si bien la Corte debería funcionar con cinco miembros, el actual presidente no presentó un candidato para ocupar el lugar vacante. Y también está en debate un proyecto para incrementar el número de integrantes del máximo tribunal, esta propuesta forma parte del paquete de extraordinarias que se analiza actualmente en la Cámara de Diputados.

Otro dato a tener en cuenta es la gran diferencia salarial que hay entre lo que ganan los ministros del STJ y los integrantes de la Corte. Mientras los que fueron elegidos por un sistema más democrático cobran mucho menos que aquellos que solo fueron propuestos por un presidente. También hay que sumar que los magistrados supremos chaqueños colocan sus recibos salariales en internet, es decir que en la provincia se contemplan más exigencias de la sociedad.

LA DEMOCRATIZACIÓN

Existen miles de propuesta para democratizar al Poder Judicial y permitir la plena participación de los ciudadanos a la hora de elegir a los magistrados, es decir que estos sean designados por el voto directo. No son pocos los que opinan que la sociedad debe involucrarse más en el Poder Judicial y elegir a los magistrados mediante el voto.

También hay quienes pretenden que otros cargos importantes se puedan definir de la misma manera. Estas propuestas también incluyen un elemento muy interesante: establecer una duración de los mandatos de los magistrados, para que cada tanto tiempo la sociedad pueda elegir a jueces y fiscales.

En el Chaco parte de estos cambios fueron contemplados en la reforma constitucional propuesta por el gobernador Jorge Capitanich y de momento no consiguió los votos necesarios para avanzar. Es posible que lo mismo ocurra a nivel nacional con una propuesta de reforma, pero la demanda social crece y tarde o temprano serán mayoría quienes consideran necesario que el Poder Judicial funcione en forma diferente no solo a la hora de administrar Justicia.

JUICIO POLÍTICO

Si bien los sistemas para elegir a estos magistrados son diferentes, tanto en la provincia como en la Nación solo pueden ser destituidos por juicio político. Hoy, está en marcha uno contra los integrantes de la Corte. Se trata de 14 denuncias contra los integrantes de la Corte que incluyen casi 60 hechos. No sólo está en la mira el fallo por la coparticipación, sino que también aparecen otras sentencias y la forma en que se desempeñaron los jueces.

Muchos de estos fallos afectan a los otros poderes del Estado y también a provincias, que recientemente perdieron una gran cantidad de fondos gracias a una definición del máximo tribunal sobre la Coparticipación Federal, que terminó favoreciendo notablemente a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).