La digitalización global y el desafío de la soberanía
En pocas décadas, Internet, las plataformas virtuales y los sistemas de inteligencia artificial transformaron la manera en que las sociedades trabajan, se comunican, producen conocimientos y toman decisiones. Sin embargo, detrás de los innegables avances que ofrece esta revolución tecnológica, también se desarrolla una disputa silenciosa por el control de los datos, la información y, en última instancia, el poder. Por ello, reflexionar sobre la digitalización a escala global exige superar el entusiasmo por sus beneficios y examinar sus consecuencias económicas, políticas y sociales.
Cada búsqueda en Internet, cada transacción comercial y cada interacción en las redes sociales generan información que puede ser almacenada, procesada y utilizada con distintos propósitos. En este escenario, las grandes corporaciones tecnológicas han consolidado un modelo de negocios basado en la recopilación y el análisis de datos personales. Aunque estos procedimientos permiten desarrollar servicios más eficientes y personalizados, también plantean interrogantes fundamentales sobre la privacidad.
En este sentido, el historiador Yuval Noah Harari advierte sobre el surgimiento de una nueva forma de colonialismo, en la que los datos constituyen un recurso estratégico para las naciones y las empresas que disponen de mayores capacidades tecnológicas. A diferencia del colonialismo tradicional, basado en la apropiación territorial y la explotación de recursos naturales, esta nueva dinámica se apoya en el dominio de las infraestructuras digitales y en la extracción de información. De este modo, quienes controlan los sistemas de almacenamiento, procesamiento y distribución de datos pueden acumular riqueza e influencia, mientras otros países quedan relegados a la condición de consumidores dependientes.
Por otro lado, la concentración tecnológica tiene consecuencias que trascienden el ámbito económico. Los algoritmos utilizados para seleccionar contenidos, recomendar productos y difundir información pueden influir sobre las preferencias individuales y orientar la opinión pública. Si bien estas herramientas no determinan automáticamente las decisiones humanas, su capacidad para organizar aquello que vemos y escuchamos merece una atención especial. En consecuencia, la libertad de elección requiere no solo el reconocimiento formal de los derechos individuales, sino también condiciones que permitan comprender cómo operan los sistemas digitales que intervienen en nuestra vida cotidiana.
Otra cuestión a tener en cuenta es la dependencia tecnológica, que constituye un desafío que no es menor. Estados Unidos y China, entre otras potencias, cuentan con empresas, recursos e infraestructuras que les otorgan una posición privilegiada en la economía digital. Frente a esta realidad, los países que carecen de capacidades propias quedan expuestos a decisiones empresariales y políticas adoptadas fuera de sus fronteras. Además, cuando los datos de ciudadanos, organismos públicos y compañías se almacenan o procesan en jurisdicciones extranjeras, pueden surgir dificultades para garantizar su protección, establecer responsabilidades y ejercer un control efectivo sobre su utilización.
En el caso argentino, esta situación obliga a reconsiderar el lugar que ocupan la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional. Como se sabe, la actividad científica y tecnológica no es neutral, pues sus prioridades y aplicaciones responden a intereses y decisiones concretas. Por consiguiente, fortalecer una política nacional de ciencia y técnica no debería considerarse un gasto prescindible, sino una inversión estratégica. Desarrollar capacidades propias en materia de hardware, software, almacenamiento y procesamiento de datos permitiría reducir dependencias, impulsar industrias locales y ampliar la autonomía del Estado para definir políticas públicas.
Naturalmente, construir soberanía digital no significa aislarse del mundo ni renunciar a la cooperación internacional. Por el contrario, implica participar en la transformación tecnológica desde una posición menos vulnerable, mediante inversiones sostenidas, marcos regulatorios adecuados y acuerdos que protejan los derechos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, es indispensable exigir transparencia a las grandes plataformas, establecer límites claros para el tratamiento de información personal y promover una educación digital que permita reconocer los riesgos de la manipulación y el uso abusivo de los datos.
En definitiva, la digitalización no es un proceso inevitable cuyos resultados debamos aceptar pasivamente. Sus efectos dependerán de las decisiones políticas, económicas y sociales que se adopten en cada país. Si la información se concentra en pocas manos, la innovación puede profundizar las desigualdades existentes; en cambio, si se promueven capacidades distribuidas y mecanismos democráticos de control, la tecnología puede contribuir al bienestar de los distintos sectores de la sociedad.
