El impacto de la ley de alquileres en el Gran Resistencia

La ley 27.551, sancionada en julio de 2020, fue una bisagra para todos los actores del mercado inmobiliario, y sus efectos en el rubro alquileres son plenamente visibles en la actualidad. Promulgada tras una amplia deliberación en la que tomaron parte representantes de los propietarios, de los inquilinos y legisladores, varias advertencias que se emitieron en ese proceso previo se han hecho realidad, y eso ha llevado a que ya en febrero de este año el Gobierno reconociera que se deben modificar algunos aspectos, mientras que sus detractores solicitan directamente derogarla.

Matías Sironi y Emilio Caravaca Pazos son conocidos corredores inmobiliarios de nuestra ciudad. En contacto con NORTE, coincidieron al señalar los principales cambios que generó la normativa: ‘En la discusión del proyecto se les había planteado a los diputados y senadores que no se podían dejar de lado las diferentes realidades del país. Esta solución de un índice único que impone un parámetro general de condiciones se aplica tanto en un contrato firmado en un pueblo pequeño como en Puerto Madero, lo que distorsiona de entrada muchas variables‘, indicó Caravaca Pazos.

‘La libertad contractual, las condiciones particulares, el historial de cumplimento, el estado del inmueble, las expensas, la disponibilidad de cada plaza y un largo etcétera, todo eso se ignora con la regulación tan rígida que plantea la ley. Creo que fue pensada más que nada con la cabeza puesta en los problemas de las grandes urbes de nuestro país, y sobre todo de Buenos Aires y el Conurbano‘ señaló Sironi.

‘Que el ajuste sea anual parece, a primera vista, una buena intención, y la extensión del contrato a tres años de duración en los papeles es una ventaja, pero en un escenario de subida permanente del costo de vida se producen anomalías. Un alquiler que empiece a transcurrir un nuevo año de plazo en enero tendrá un incremento del 81,39%, de manera que ese aumento único es muy abrupto. Para el propietario, por una parte es un período mayor sin disponer de su inmueble si quisiera darle otro destino, y por otra se acentúa la tendencia a subir el piso de los valores iniciales, ya que percibirá un monto mayor recién a los doce meses, sumado al historial de malas experiencias con índices oficiales.

En resumen, la inflación pega a ambas partes por igual y la norma, así como está, consigue lo contrario de su pretendido objetivo, ya que se agudiza la falta de previsibilidad‘, comentó Sironi. ‘En el Gran Resistencia la demanda es constante, y refleja de algún modo el déficit habitacional. La oferta es limitada y se ha retraído. Antes el inmueble esperaba al inquilino, ahora el inquilino es quien espera para encontrar disponible algo que cubra sus necesidades. El mercado de alquileres está atravesado por los grandes problemas estructurales del país: inflación, falta de seguridad jurídica, discursos que generan desconfianza. Hay que motorizarlo, a fin de ampliar la oferta y que eso repercuta en mejores precios para los inquilinos‘ concluyó Caravaca Pazos."