Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.diarionorte.com/a/217978

CARTA DE LECTORES

LA LEY ES TELA DE ARAÑA

(segunda parte)

Señor director de NORTE:         

En la Provincia del Chaco, por voluntad del Poder Constituyente  que funcionó en 1957, fue creado el Consejo de la Magistratura, instituto pionero a nivel nacional, inspirado en modelos europeos, de Suiza, Italia, y Francia. Y su naturaleza es ser un organismo interpoderes de jerarquía constitucional, auxiliar en la administración del Poder Judicial (por eso figura en la Sección Quinta, Capítulo IV de nuestra Constitución), para procurar la excelencia moral e intelectual, de los encargados de administrar justicia, cumpliendo con el mandato fundacional  de  "afianzar la justicia".

 Entonces, si el Consejo de la Magistratura no es una persona jurídica y no puede estar en juicio, ¿quién es la persona que puede ser demandada en este caso que tratamos?

 Es el Estado, provincia del Chaco, persona jurídica de derecho público, representado protocolarmente por el gobernador, art. 141 inc. 1, Constitución Provincial. Pero su único abogado representante en juicio, por mandato constitucional, arts. 172,173 y 174 de la Constitución del Chaco, es el fiscal de Estado, y sus auxiliares, los abogados de la Fiscalía de Estado, solo pueden actuar por su mandato o con su patrocinio.

 Entonces, ¿por qué no se le dio intervención al fiscal de Estado,  legítimo representante de la persona jurídica de derecho público, Estado provincia del Chaco?, ¿y actúa en juicio un abogado llamado Leandro Nabil Zahra, sin representación ni poder ni legitimación alguna, y en nombre del Consejo de la Magistratura, que no tiene existencia como persona jurídica? En la República Argentina y en el Chaco, que es parte de ella, solo hay tres poderes, y no existen "organismos extrapoderes". 

Todos los organismos del Estado, por la forma republicana, están sujetos a alguno de los tres poderes. En el caso que estamos tratando, hay dos alternativas: o los jueces no conocen la Constitución y el derecho vigente y aplicable, o actúan de mala fe y con desprecio por las instituciones. 

¿Entiende ahora el lector por qué en la primera parte de esta nota hablamos de inseguridad jurídica y de gravedad institucional? ¿Y entiende por qué necesitamos un Consejo de la Magistratura integrado por personas idóneas, con ética y formación intelectual, para procurar un servicio de justicia excelente, en lo moral y en lo científico?

Como enseñaba el gran doctor San Agustín: "Sin justicia, los estados, no son otra cosa que bandas de ladrones" (¿habrá tenido visiones sobre la Argentina, San Agustín?). Por estas prácticas antijurídicas e inmorales y por el estado de corrupción en que vivimos como sociedad, tenemos un Poder Judicial, nacional y provincial cada vez más degradado y colonizado por los familiares y parientes de los jueces, fiscales y de los políticos  de turno, que "heredan" sin derecho y sin méritos los empleos públicos. 

¡No llores por mí, Argentina! Pero no se vayan que hay más, todavía.

En todo este sainete judicial, participaron jueces de todas las instancias: Civil, 6, Civil, 19, Civil 21, y de la Cámara Civil, los postulantes, el doctor Codutti, la doctora Miño, y por supuesto el Fallo 38/2022 del S.T.J. los afecta.

Pero además de desplazar al fiscal de Estado, el S.T.J. nunca les dio  a los interesados intervención  en la acción promovida por el abogado Leandro Nabil Zahra, no fueron oídos, no pudieron cuestionar y aportar razones y pruebas, y no pudieron impugnar procesalmente el fallo, fueron privados del derecho a la jurisdicción objetiva e imparcial, a ser oídos, y aportar pruebas, bilateralidad, y del derecho al recurso.

Estamos ante un crimen de lesa justicia y de lesa sociedad, ahí radica la gravedad institucional.

 Y para despedirnos, quiero hacer notar que el Tribunal se integró con tres jueces titulares del STJ: doctores Modi, Toledo, Del Río, y con dos subrogantes, doctores Cantero y Fonteina, que integran el órgano llamado Ministerio Público Fiscal.

 Y desde la reforma constitucional de 1994 que incorporó los Pactos y Tratados, art. 75 inc.22 C.N. y art. 14 Constitución del Chaco, y por fuerza de los arts. 5, 16, 18,19, 27,28,31,33, de la Constitución Nacional, por las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, de los fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligatorios para la Argentina, por fuerza de la Convención de Viena sobre el Derecho de los  Tratados, y por la jurisprudencia de nuestra misma Corte Suprema,  ningún integrante del Ministerio Público Fiscal puede ejercer funciones jurisdiccionales (leer caso: Rosza Carlos y otros/ recurso de casación" C.S.J.N. causa R.1309-XLII del 23/05/2007). 

Y las Naciones Unidas, en sus directrices sobre la función de los fiscales, proclamadas en el "Octavo Congreso de la ONU sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente", celebrado en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990, dijo: "ART.10 El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones judiciales". 

Por lo tanto el Superior Tribunal de Justicia, que ha dictado sentencia en esta causa, es inconstitucional, y su fallo es absolutamente nulo.

¿Quién podrá salvarnos? Y lo peor de todo, es que estos funcionarios le corrieron vista al fiscal de Investigaciones en turno para que investigue al juez Sinkovich, por su actuación y sus resoluciones, cuando la Constitución del Chaco, en su art. 154 párrafo 5, dice que los jueces "gozarán de las mismas inmunidades que los legisladores"; es decir que tienen inmunidad funcional, no pueden ser acusados, ni investigados ni juzgados por sus actos jurisdiccionales. 

La Constitución del Chaco, en su art. 120, dice: Están sujetos a juicio político, por incapacidad física o mental sobreviniente, por mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes a su cargo, por delitos en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes: "…el procurador y los miembros del Superior Tribunal de Justicia…" 

"Es la ley la que te castiga…". Pero la ley es tela de araña.

JORGE ANTONIO GAIT                                                                                                            ABOGADO  

Resistencia