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CARTAS DE LECTORES

Crimen organizado SRL… game over


Señor director de NORTE:
El artículo 11º de la Constitución de la Provincia dice: “Cláusula ética: es condición esencial para el desempeño de los cargos públicos, la observancia de la ética.”
 El artículo 154º de la Constitución de la Provincia dice: “Los magistrados y los representantes del Ministerio Público, conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta”. 
Ante el Tribunal Oral Federal (T.O.F), de Resistencia, se celebró el juicio de la causa “No me olvides”, se hicieron los alegatos de querellantes, fiscales y defensores, y se dictó sentencia, condenando a dos personas, a 3 años en suspenso y a 15 años con prisión domiciliaria. Según los medios de comunicación, los abogados particulares pidieron que se investiguen a todos los que utilizaban los servicios de prostitución V.I.P. de la organización gestionada por “Kilo” Vallejos, y su esposa.
 El fiscal federal, doctor Carniel, se opuso a dicho pedido, como era de esperar. Pero el presidente del Tribunal, doctor Iglesias ordenó investigar y que se inicie una nueva causa para establecer si el consumo de prostitución es delito o no. 
Tengo mis dudas de que Iglesias haya dicho eso, es muy burdo; ¿pueden jueces y fiscales legislar?, ¿dictar normas del Código Penal?
Según los medios, en la causa estarían involucrados como “clientes” habituales, funcionarios de todas las administraciones, del Poder Ejecutivo, el Legislativo, y el Poder Judicial; policías, intendentes y ex intendentes, y “amigovios” del Poder político.
 Por fin encontraron funcionarios de ley, que sí funcionan. 
Y todos estos distinguidos “funcionarios que funcionan”, han participado libre y concientemente en actos que promueven y financian la prostitución, en encubrimiento de los proxenetas y gerentes del negocio, en el sometimiento de personas vulnerables a la servidumbre sexual, en la trata de personas con destino a la explotación sexual, han violado sus deberes funcionales, han encubierto a los delincuentes, asegurando la impunidad de los integrantes de esta auténtica asociación ilícita, que desarrollaba y ejecutaba sus planes criminales con la total seguridad y garantía que les otorga la pertenencia o la cercanía al poder político y al Poder Judicial de la Provincia del Chaco, en especial, el contacto con la Procuración General del Poder Judicial, conducida por los abogados Jorge Edgardo Omar Canteros (procurador general) y Hugo Miguel Fonteina (procurador adjunto).
Tal cual lo enseñan todos los expertos, y se puede leer en Internet, “Los funcionarios corruptos son un eslabón imprescindible en la organización y gestión del negocio de la trata de personas”.
 Estamos ante una red de trata de personas, con participación, protección y financiamiento oficial del Estado provincial del Chaco, Plan FOCO, con el dinero de los contribuyentes de todo el país, que nos llega por vía de coparticipación, ya que el Chaco genera únicamente el 12% de lo que consume, pero tenemos un 60 % de pobreza, pobreza, extrema e indigencia.
¿Cuántos millones habrán circulado y salido por la cañería del Plan FOCO (Fortalecimiento Comunitario), fortaleciendo los bolsillos de los funcionarios y sus clientes? Y todo para proveer de servicios sexuales pagados por el Estado, a los funcionarios, punteros y allegados íntimos, a una caterva de pendeviejos, corruptos degenerados, y prostitutos.
 Y en el Chaco profundo y marginal, niños escuálidos agonizan y se mueren de hambre. Y todas las autoridades lo sabían y lo saben, y ahora que se destapó, se hacen las doncellas sorprendidas.
 Es indudable que Kilo Vallejos, su mujer y su “secretaria” no planificaron esto. Ellos fueron los ejecutores de un plan que nació en las altas esferas del poder. Sin la existencia, participación y financiamiento de los funcionarios corruptos, el Kilo Vallejos no pudo ni podía desplegar con éxito su accionar perverso.
 El poder, y la corrupción de los funcionarios, son la condición número uno, sine qua non, para el funcionamiento de este tipo de empresa delictiva, de esta pyme de la prostitución VIP.
Estamos ante un caso de crimen organizado, una verdadera asociación ilícita, con raíces en el Estado provincial. 
Y hasta ahora, jueces y fiscales se han hecho los distraídos, ¿por qué?
 Veamos: en fecha 30 de septiembre del año 1957, la Argentina ratificó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena” aprobado por la Naciones Unidas en la Cuarta Asamblea en la Sesión Plenaria 264, por Resolución 317 del 2/12/1949. En dicho documento está claramente tipificada la conducta de los funcionarios que han organizado, financiado, o colaborado en cualquier forma, para la actividad del Kilo Vallejos y “No me olvides” y demás protagonistas.
 Los funcionarios identificados no son meros “clientes” o consumidores de sexo, como nos quieren vender, son parte integrante de la organización, porque así lo dice el Convenio de la Naciones Unidas. 
Y el Código Penal de la Nación es bastante claro cuando tipifica esas conductas en los artículos Nº 125: 125 bis; 126; 127; 128; y 129. Todo relacionado con la trata de personas y explotación sexual. Y fija penas muy graves, y las aumenta si son funcionarios. 
Y en su artículo 277, en varios incisos, el Código Penal sanciona el encubrimiento, que se agrava cuando los encubridores son funcionarios públicos.
Además, hay abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, artículo 248 C.P. y Asociación ilícita agravada artículo 210 del C.P.  
La pregunta pendiente es: ¿sabían esto los jueces y fiscales federales, que han intervenido en el caso? Si lo sabían y no actuaron en consecuencia, están en problemas. Y si no lo sabían, también están en problemas. 
La red de trata gerenciada por el Kilo Vallejos, se gestó y nació en el vientre del Estado, y no es la primera vez que sucede. 
A fines de los años ochenta funcionaban en Resistencia, dos prostíbulos vinculados con varios diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo, que tenían sus reclutadores que traían chicas de las provincias de Misiones y de Entre Ríos, con destino a la explotación sexual. Y además tenían proveedores que transportaban la marihuana de Paraguay y cocaína desde Salta.
Uno de los transportistas murió a los 42 años, de una sobredosis. Y los principales “clientes” eran los “muchachos” de la Cámara de Diputados, y de Casa de Gobierno.
Pero a principios de los años 90, explotó la cloaca en el vientre del Poder Judicial del Chaco. Y nos hicimos famosos en los medios nacionales, por las orgías que se celebraban en dos lugares, uno en el edificio del Centro de Estudios Judiciales, ubicado frente al Sanatorio Chaco; y el otro, en el último piso del Edificio del Superior Tribunal de Justicia —calle López y Planes 215—, en Resistencia.
 Según los trascendidos hubo participación de menores de edad, y se fotografiaban y filmaban las “fiestitas”. Pero, siguiendo el protocolo de la hipocresía oficial, se tapó todo rápidamente, porque… “la función debe continuar”.
Desde hace unos años ha vuelto a correr el rumor de “fiestitas” en el ámbito del Poder Judicial. Pero eso será tema de otra nota.
 Por todo lo expuesto es que no me sorprendió para nada que apareciera nombrado en la causa “No me olvides”, como uno de los clientes VIP, el señor procurador general Jorge Edgardo Omar Canteros. A este funcionario que sí “funciona”, lo vengo denunciando desde el año 1992, y le he pedido el juicio político, por distintos delitos y actos graves cometidos en el ejercicio de sus funciones, y siempre ha sido salvado por los tres Poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
¿Por qué?, porque Canteros maneja el Ministerio Público Fiscal, a todos los fiscales, a su antojo, les cubre las espaldas a todos y así se ayudan unos a otros.
Es una verdadera “cosa nostra”. Hay una verdadera maniobra de encubrimiento en el accionar de los presuntos investigadores del caso.
 El Kilo Vallejos estaba prófugo, estaba en su casa, recibía visitas, ¿y no podían encontrarlo? Tiene razón la esposa del Kilo Vallejos, cortaron el hilo por lo más fino. Entonces ¿quién mató al Kilo Vallejos?
 ¿Vamos a comprar también el cuento del suicidio? ¿Quién era el “padrino” del Kilo Vallejos? ¿Quién le depositaba fondos para la Fundación “No me olvides”? ¿Ya se olvidaron del Kilo?                        
¿Todo queda “en manos de la Justicia”? ¿Tiene las manos limpias esta justicia? ¿Habrá algún arrepentido que salga y cuente todo? ¿O la “función continuará” entre candilejas, y jueces y fiscales tendrán vacaciones pagas?
Hago una aclaración necesaria, fui abogado del “Nene” Morales, hermano de Quico Morales, exministro de Gobierno del Chaco y luego fue juez de la Cámara Federal de Corrientes; y por ellos me enteraba de todo lo que pasaba en el Gobierno. Y fui abogado del  Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, y por eso me enteraba, y aún me entero, de todo lo que pasa en el ámbito del Poder Judicial.
Hay mucho más. Continuará.

JORGE ANTONIO GAIT                                                                                                                    Resistencia 

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