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Exconsejeros ante el Consejo de la Magistratura se expresaron a favor por la colegiación legal

Varios expresidentes del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial, y exconsejeros ante el Consejo de la Magistratura del Chaco, expresaron en un comunicado de prensa sobre el proyecto legislativo de regulación del ejercicio profesional de la abogacía y la procuración en el Chaco,  impulsado por el bloque de diputados justicialistas.

Frente del edificio legislativo.

 “Al respecto, debe destacarse inicialmente que el mismo hace reposar el gobierno y control de la matrícula profesional en colegios públicos, lo que difiere sustancialmente con la vigente ley N° 2275-B, que asigna esa función al Poder Judicial. Valga esta aclaración, para despejar la versión difundida en diversos medios de comunicación masiva, por colegas y distintas asociaciones de abogados, oponiéndose al proyecto, manifestando, entre otras razones, en que resulta injustificado el tratamiento de una nueva ley con idéntico objeto atento a lo reciente de la sanción de la norma actual (7 años). La nueva iniciativa entonces, no importa reeditar un debate sobre lo existente, sino la posibilidad de restablecer un sistema consagrado hace casi 30 años mediante la ley 3718, la que luego de superar el examen de constitucionalidad por ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, y luego de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, insólita, inaudita, e infundadamente, creando un nefasto precedente en materia de política legislativa, la Legislatura local la mantuvo suspendida por casi 20 años”.

En otro tramo indican: “ En el año 2013 se derogó la ley 3718 con el voto de los mismos Diputados que luego dictaron la actual ley 2275-B. Desde el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, histórica entidad colegialista, adherida a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se tenía por entonces la impresión de que la secuencia propiciada por la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados posterior a la derogación de la ley 3718, no era otra cosa que la apariencia de un ámbito previo de debate, objetivo, amplio, superador de viejas antinomias y, sobre todo, exento de preconceptos o prejuicios”.

Y agregan:  “La realidad fue, como era de suponer, una suerte de trámite estadístico, circunscripto, una vez más,  a compulsar la aparente opinión mayoritaria, únicamente, claro está, de los abogados/as, lo que  muy rápidamente terminó por sancionar una ley excluyendo el sistema de colegio legal. Lo dicho hasta aquí sirve para mostrar que la cuestión del modelo de regulación de la profesión de la abogacía y la procuración nada tiene de novedosa, y que en los distintos procesos de su tratamiento legislativos luego de la sanción de la ley 3718, los legisladores nunca supieron responder satisfactoriamente a la indagación de por qué mientras otorgaban el sistema colegial a otras profesiones liberales, aún no universitarias, se la negaban a los abogados, limitándose aquellos a responder, sistemáticamente, que los abogados no se ponen de acuerdo. Esta inapropiada respuesta ha dado lugar al reproche que insistentemente hemos planteado quienes adherimos al sistema de colegio legal”.

Los letrados aclararon los siguientes puntos :”1. La regulación del ejercicio de la abogacía y procuración no es de interés exclusivo de los abogados/das, sino que tiene decisiva proyección a la sociedad, o usuarios de su servicio, por lo que su control, surge ineludible con la finalidad pública de procurar una prestación ética e idónea, que asegure el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos en las mejores condiciones posibles de probidad y calidad, siendo los y las profesionales del derecho sus operadores exclusivos y directos.; 2. A su turno, tampoco perjudica a los abogados, por el contrario, les permite recrear un ámbito de lealtad y jerarquización profesional, en que se diluciden las conductas denunciadas como reñidas con la ética profesional, despejando las críticas centradas en aquellas conceptualizaciones generalizadas tan oídas como: la industria del juicio, los corre ambulancias etc. Donde todos los/las profesionales son metidos en una misma bolsa, con la consiguiente afectación al prestigio profesional, consolidada a modo de estigmatización. La realidad es, estamos convencidos, que la gran mayoría de los y las colegas ejercen digna y honorablemente la profesión; 3. La regulación tal cual está, gobierno y control de matrícula por el Poder Judicial, ha dado sobradas muestras de ineficiencia en ese sentido. Téngase en cuenta que las estadísticas indican el ínfimo, casi inexistente, registro de sanciones  por conductas contrarias a la prestación ética del servicio profesional. Las bondades del sistema de colegio público son numerosas, pero queremos resaltar aquí ante la opinión pública, la que tal vez sea, y no casualmente, la menos difundida, en cada ocasión en que se intenta modificar el estado cosas relacionados al control del ejercicio de la abogacía en el Chaco. La característica medular del sistema es su aptitud para propiciar garantías al justiciable en particular, al ciudadano y a la sociedad en general, de un servicio jurídico tutelado por normas éticas, cuya inobservancia encuentre un ámbito que ofrezca respuestas efectivas al usuario. Esta primordial virtud del sistema es, al fin de cuentas, la que cimentó la creación de colegios o consejos legales de prácticamente todas las profesiones liberales del Chaco, de todas las Provincias Argentinas, y de todos los países, al menos los occidentales y más desarrollados, del mundo. Es por ello que debe llamar poderosamente la atención a la opinión pública por que los legisladores del Chaco centran y limitan su atención, al punto que supeditan su función eminentemente pública, a una aparente disputa entre abogados/as, como sí solo a estos interesa la cuestión”.

Por otra parte, el grupo de expresidentes del Consejo de Abogados y exconsejeros “entendemos auspiciosa esta nueva recreación del debate en torno del sistema colegial, que no debería desperdiciarse repitiendo prácticas de tratamiento previo que no dieron buenos resultados. El cambio de paradigma importa la erradicación de la idea exclusiva y excluyentemente privatista del objetivo  o destino de la regulación de las profesiones liberales, que en el caso particular de la abogacía en el Chaco, ha preponderado de manera determinante en su actual establecimiento”.

Los que firmaron el comunicado son :   Rodolfo Eduardo Gabardini   Omar Darío Miró,  Marcelo Castelán,   Juan César Penchansky,  Ricardo Eulogio Bugnart,  Jorge Anibal Pachecoy,Victor Rolando Arbués,Hugo Mario Peiretti,    Carlos Roberto Barcesa , José Alejandro Sánchez, Hilario José Bistoletti, Alfredo Augusto Mathe, Estela Moulin, Osvaldo José Simoni ,Rolando Francisco Ortiz, Avelino Mario Daniel Fernández,   Patricia Elena Guitart, Benjamín Edgardo Kapeica, Laura Ethel Lotero ,Carlos Alejandro Daniel Grillo,  Laura Beatriz Tissembaum, Victor Adrián Veleff , Claudia Leticia Pacce , Pedro Alfredo Regueiroy  Karina Brisighelli,

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