El problema no es la eficiencia de Gustavo Martinez

Básicamente, la destruccion de una empresa estatal que fue paralela a la campaña electoral sin dudas más costosa de la historia del Chaco. Miles de personas incorporadas, miles contratadas de manera precaria, cientos de contratos a periodistas, bailarines de zumba, futbolistas, evasión de aportes de los trabajadores al Insssep, desinversión en infraestructura y materiales, carencia de insumos, festival de recategorizaciones partidistas. Todo eso denunciado por el nuevo presidente de Sameep, Pablo Sanchez, en declaraciones que se hicieron públicas. 

Globalmente, deudas por más de 6.000 millones y más de 3.000 personas colgadas de distintos programas, además de la explosión salarial por pases a planta y recategorizaciones. 

Destruir al Estado para competir en una elección es inaceptable en democracia. No se trata de si sos eficiente o no. Quien hace algo así no debería poder competir. No se puede naturalizar eso. No se lo puede aceptar. 

Frente a todas estas denuncias, pregunto: 

¿Sanchez presentó la denuncia a la justicia? 

¿El Tribunal de Cuentas aprobó estas gestiones sin observaciones? 

¿Quienes presidieron Sameep pasaron el juicio de residencia? 

¿La justicia electoral evaluó cuánto costó la campaña y cómo se la financió?  

¿Algún fiscal tomó intervención de oficio ante lo que declaró el presidente de Sámeep? 

¿La Fiscalía de Investigaciones Administrativas actuó? 

El tema con G. Martinez no es la eficiencia, sino uno previo: ¿Vale destruir al Estado para competir en elecciones? ¿Es legítimo que se postule quien actúa así? 

Si todo vale, si ningún control funciona, la democracia del Chaco no tiene sentido ni futuro.