Cartas de Lectores

No dormirse en los durmientes

Señor director de NORTE:
El 10 de abril de este año, este diario publicó un anuncio que debió despertar del letargo siestero-pandémico-cuarenténico (y crónico) a los chaqueños, así como nos alertó especialmente a quienes pretendemos cuidar nuestro patrimonio natural y cultural.
Según el anuncio de marras, la Empresa Trenes Argentinos Operaciones lanzó una licitación pública para la compra de durmientes de quebracho, urunday o guayacán, maderas toda de nuestra región.
Por varios motivos, no pude abocarme a revisar mis archivos, ni hacer las consultas con especialistas, y el tiempo pasó. Hace unos días, se publicó un llamado de atención por parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) que destaca el hecho de que se trataría de un negocio multimillonario que pone en riesgo las reservas de esas maderas, y especialmente el avance de la deforestación para transformar a los centenarios árboles en carbón, tanino, pisos de lujo o tablestacas.
En 2004, en Alemania, añoré varias veces a mi Chaquito querido no solamente por los familiares y amigos lejanos, sino porque cada vez que hacíamos combinaciones con trenes (muy usados en ese país, como en el resto del mundo) o pasábamos por estaciones ferroviarias, los durmientes bajo las vías me recordaban a mi provincia y las denuncias que varias organizaciones no gubernamentales veníamos haciendo desde hace años sobre contaminación y deforestación. Me imaginaba —y eso era suficiente para amargarme, por lo injusto y abusivo— que esos durmientes provenían de nuestra región. Era quebracho, seguro, y no ébano, por ejemplo, que los europeos preservaron siempre para construir instrumentos de viento de bella sonoridad. Lo mismo me pasaba cuando veía las bolsas de carbón que rezaban en alemán “procedencia América del Sur” (o sea “Chaco”, para mí). Pero me volvía el alma al cuerpo cuando descubría por ahí vías descansando sobre durmientes de concreto. En esa época, yo lo consideré toda una novedad; pero los técnicos ya lo conocían. Compañeros de otros países que formaban parte de la delegación de integrantes de “países pobres” del mundo que viajamos a aquella Conferencia Mundial de Energías Renovables realizada en Bonn, me explicaron las diferencias. Por otro lado, las exposiciones de técnicas y aparatos relacionados con energías sustentables, contribuyeron a reforzar el concepto de que lo que se puede reemplazar con elementos más económicos y con la misma eficacia, y que por añadidura no afecten el medio físico o cultural, deben ser bienvenidos e investigados.
Algunas consultas me acercaron datos que hablan por sí solos, como por ejemplo que últimamente se calcula que la vida útil de los durmientes de cemento es de treinta años, contra los 20 que según la información durarían los de quebracho. El costo de estos es muy superior a lo que se cobra internacionalmente a los fabricados con cemento y fibras especiales que les dan resistencia y a su vez muy buena capacidad de amortiguación. La pregunta de rigor es, entonces: ¿por qué la ocurrencia de seguir utilizando madera de nuestros bosques, si está demostrado y probado desde hace muchos años ya, que la calidad, la duración y los precios hacen a los durmientes de hormigón aptos y eficientes para reemplazar legítimamente a nuestras maderas? Tengo archivada —pero no pude encontrar todavía en qué sector de mi base de datos— un interesante y sugestivo video de una máquina utilizada para implantar de manera rápida y eficaz estos durmientes de hormigón. Todos sabemos que el tema del Covid-19 alteró nuestra vida y se está prolongando demasiado, como para agregarle un nuevo motivo de quebranto a la decadente calidad ambiental que tenemos con esto de reventar nuestros bosques para asentar las vías, siendo que los avances de la tecnología sugieren otra cosa más económica, segura y eficaz, que, además, cuenta con máquinas implantadoras de durmientes prolijas y diferentes calidades y precios.
El año pasado nos dijeron que no era necesario usar barbijos, y ahora es obligatorio. Que no pase lo mismo con esto de los durmientes: no nos durmamos, que por ahí vienen degollando.

JORGE CASTILLO MIRÓ
Resistencia

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El gobierno y su persistente negativa a cumplir la Constitución

Señor director de NORTE:
En una reciente publicación de NORTE se deja plasmado lo que describen como la aparición de un “conflicto de poderes” entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y la Legislatura, que deriva, según expresa, de la “intención” y “pretensión” de mejoras salariales de los judiciales.
La crónica sigue, destacando que el disparador, ha sido una “resolución” de un Superior Tribunal “ad hoc” que “volvió a darle razón a los jueces” y emplazó al Poder Ejecutivo y la Legislatura con pagar nuevas remuneraciones al sector reclamante, bajo pena de aplicar una multa diaria a funcionarios y diputados.
No es verdad.
Agradezco desde la oportunidad de la dirección de este importante matutino para compartir unas precisiones, que entiendo, van a permitir alcanzar la mejor inteligencia de los sucesos que provocaron la nota.
El supuesto conflicto ya no existe. Ha sido disuelto con el imperio de una decisión definitiva de orden jurisdiccional, por más postulaciones mediáticas que se intenten, como siempre, con el solo norte de obtener un desvío de realmente acontecido.
Tampoco deriva de una mera resolución de un tribunal ad-hoc. Se trata, muy a pesar de los firmantes del proyecto de resolución legislativa, de una sentencia, fundada y dictada por un Superior Tribunal de Justicia, Alto Cuerpo Judicial Provincial, que con una integración legalmente conformada por Jueces subrogantes y un conjuez de la matrícula, que está cumpliendo con un estricto mandamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su definición final de la cuestión, ha impuesto al gobierno provincial perdidoso en una causa debidamente tramitada y sustanciada con aquél, la expresa condena de hacer, en este juicio que duró quince años por la estrategia dilatoria de los demandados —de nuevo gobierno provincial—, que ya no poseen más excusas y finalmente deben proceder a dar cumplimiento cabal de la sentencia definitiva dictada en su contra. Deben dictar la ley que restablezca el valor y poder adquisitivo de las remuneraciones judiciales que omitieron otorgar, conformándose a parámetros precisados en la sentencia.
Esto en lo estrictamente procesal y dentro del ámbito de discusión que provocaron este gobierno que hoy reacciona y amenaza, pero en concreto ha sido expresamente condenado, insisto, en juicio, por encontrar los Tribunales perfectamente determinado, que en el Chaco, el gobierno ha asumida una conducta contraria a la vigencia, validez y reconocimiento de la independencia judicial, y de su presupuesto, de la intangibilidad de las remuneraciones de los actores, que han visto desde el año 2005 deteriorado irrazonablemente el poder adquisitivo de sus salarios.
Ante tan sencilla pero contundente evidencia, los accionantes, luego de litigar durante todos estos años alimentaban una lógica expectativa que finalmente se produzcan los hechos esperados y se inicie el proceso de ejecución de la sentencia.
Pero no, se ha optado por salir de la causa e instalar mediáticamente la confusión, rasgándose las vestiduras, y mostrarse víctimas de una presión y exclamar su preocupación y, anunciar remedios destitutivas contra secretarios (sic) y jueces.
Cualquier cosa parece válido para los signatarios, menos cumplir con la sentencia en su contra, de lo que no pueden más evadirse en el proceso, al menos sin ser pasible de sanciones y eventualmente condenas penales incluso, por lo que, optan por el atajo que da cuenta la nota, librar en el campo de las redes, portales y medios de comunicación, la batalla perdida judicialmente, suscribiendo mensajes abrasivos e intimidantes.
El lector atento, y cualquier operador jurídico, podrá fácilmente comprender que ante legítima exigencia, no ya aspiración, ni pretensión abstracta, de que finalmente se dicte las normativas para aquellos jueces, fiscales, defensores, secretarios, puedan lograr la recomposición de sus haberes, que alguna vez fue decoroso en palabras de la Corte, pero que desde el año 2005 (por lo menos), pero que el gobierno sucesivamente le fue truncando sin solución de continuidad. De allí el juicio, y por eso la condena, que se resisten a cumplir.
Los ahora ofendidos y aturdidos diputados no explican en su proyecto, que ellos han sido la causa de los juicios, por su omisión y desidia, y que la exhortación judicial proviene de la circunstancia que los jueces fueron forzados a accionar judicialmente ante el silencio y la ignorancia del gobierno, juicios en que estos representantes legislativos, participaron y desplegaron estos y todos los argumentos que avalaran su desidia, introduciendo defensas a lo largo de un proceso que duró quince años, precisamente por las apelaciones, impugnaciones y recursos de su representación en la Fiscalía de Estado.
No refiere el proyecto de resolución difundido por diferentes medios extraoficiales, que en todas las instancias los diputados y el gobierno resultaron vencidos y los tribunales motivadamente dictaron el fallo definitivo, que reconoce los derechos adquiridos de los actores, y que aquellos órganos legislativos y ejecutivos, resultaron obligados ante la expresa condena al gobierno provincial a que se repare dicha situación, debiendo dictar la ley que atienda a específicos parámetros que se estimaron razonables, según se desprende de la sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entonces, debe quedar claro que, en el estado actual de la cuestión, ya no estamos ante un reclamo abstracto como dejan entrever los proyectos de los diputados de la mayoría, sino una expectativa de que se cumpla una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fijó los estándares a la que debía ajustarse el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que, con nueva integración, no ha hecho más que seguir las instrucciones por reenvío del Supremo Tribunal Federal.
Para terminar, es necesario tener presente que el conflicto viene de lejos y que en su trasfondo desnuda la cada vez menos solapada decisión política de corroer la independencia judicial, utilizando un mecanismo que de a poco, pero constantemente, busca mermar las retribuciones de los integrantes del Poder Judicial, retrasando o directamente negando su ajuste y actualización. Esta situación indignante y que nada tiene que ver con aspiraciones desorbitadas como se insinúan, surge acreditada a través de la sencilla comparación con los salarios que perciben jueces y Ministerio Público de todas las provincias, y sobre todo respecto de sus pares de la Justicia Federal.
Estos ciudadanos que fueron jueces y algunos aún en ejercicio, tuvieron que optar por la accionar judicialmente en algunos casos, otros renunciar para intentar suerte en la actividad privada o buscar destino en el fuero federal, frente a este deterioro propulsado, que claramente responde a una idea que abreva en la percepción autoritaria del poder, que impone sometimiento de las instituciones por humillación.
Ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que puso en sus justo lugar el debate, señalando que no estamos frente a exigencias salariales desmedidas como se las pinta, si no de restablecer el poder adquisitivo perdido por las políticas restrictivas optadas, que para tres tribunales es irrebatible y hoy, indisputable, notorio y público, que ha producido un deterioro de magnitud en las remuneraciones judiciales de los accionantes, que efectivamente trastoca la noción de independencia de poderes, por más presión mediática que se intente imponer.
Es tiempo de evitar dilaciones y confusiones, y de asumir el rol institucional que ejercen las autoridades electas, y por una vez someterse a la voz de la Constitución que le ha sido traducido por coincidentes tribunales judiciales, entre otros por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les ha marcado su desconocimiento a las garantías de independencia judicial de la que ya no pueden evadirse, sin consecuencias al menos.