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Nuestros lectores se expresaron sobre la legalización del aborto en la Argentina

La consulta fue: “Se aprobó la legalización del aborto en la Argentina. ¿Lo considerás un avance para la sociedad?”.  Ante lo cual se impuso el “no”, con un 71% (3133 votos), el “si” cosechó el 25% (1106 votos), mientras que un 4% (172 votos) de los participantes se inclinó por la consigna “no tengo una posición tomada”.

Manifestaciones a favor y en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se vivieron en las adyacencias del Congreso de la Nación, vigilia incluida.

Desde esta web realizamos una encuesta donde invitamos a las personas a elegir una de las tres opciones planteadas sobre el tópico. 

Luego de aprobarse en el Senado de la Nación el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), este medio quería conocer la posición de sus lectores. Por lo cual se incluyó en un destacado del sitio www.diarionorte.com  una encuesta, que duró 48 horas y de la que participaron 4.382 personas.

El pasado miércoles se vivió otra jornada histórica en el Congreso de la Nación. Tras 12 horas de debate, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 días.

El proyecto, que fue rechazado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, había sido una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández.

No obstante la sanción de la ley, el juez federal de Salta Miguel Medina hizo lugar a un pedido para habilitar la feria y tratar un amparo pedido para declarar inconstitucional el Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo (ILE), que rige para casos de abortos no punibles en casos de violación o peligro para la salud de la mujer.

El magistrado salteño accedió al pedido de un grupo de ciudadanos salteños encabezados por la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales del Partido Renovador para tramitar el amparo contra la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación.

En su presentación sostuvieron que el Protocolo ILE es "inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer".

También asegura que "el protocolo se posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el art. 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal alguno".