El Consejo de Abogados pide garantizar el funcionamiento de la Justicia

Señor director de NORTE:

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco hace pública su opinión respecto de la necesidad de garantizar el funcionamiento del Poder Judicial, pese a cualquier incremento en la intensidad de las restricciones que puedan ser dispuestas, ahora o en el futuro, por causa de la pandemia por Covid-19 que actualmente atravesamos. Desde nuestra institución profesional adherimos y promovemos las medidas que razonable y proporcionalmente tiendan a reducir el caudal de contagios, con la finalidad de garantizar la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a las altas demandas que plantea la pandemia en curso. Pero de ninguna manera podemos inscribir al cierre permanente o extenso de los tribunales de justicia como una medida que pueda encuadrarse en esa reacción razonable y proporcional.

El Poder Judicial ejerce una función esencial del Estado y como tal debe asegurarse su prestación continua, permanente, ininterrumpida y eficaz. Así es como los otros Poderes del Estado también lo han hecho, puesto que es en la emergencia general cuando las personas más necesitamos la presencia y el auxilio del Estado. En función de lo expuesto consideramos que no habría justificación razonable para que el Poder Judicial retroceda en los márgenes que se han ganado gracias a la digitalización y el trabajo remoto, contando hoy con suficientes herramientas y recursos humanos capacitados para mantenerse permanentemente activo, sin que ello implique agravar de alguna manera la situación sanitaria, considerada desde la perspectiva individual de los/as trabajadores/as judiciales como en relación con la comunidad. Nos preocupa institucionalmente que las posturas que hasta ahora han sido solitarias y en disidencia de uno solo de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, proponiendo un cierre prolongado del tribunal u oficina 
afectado cada vez que se detectaba un caso sospechoso o confirmado de Covid-19, llegue a adoptarse como una decisión mayoritaria, de tal modo que el temor infundado nos termine privando de un bien esencial como es el acceso a justicia. En este sentido afirmamos que la respuesta ante la crisis sanitaria que nos alcanza a todos/as no puede traducirse en un pensamiento individualista de salvataje personal ni es el retiro del Estado la forma de paliar sus consecuencias. Muy por el contrario, el crítico momento que atravesamos debe motivarnos a desarrollar los valores de la cooperación y la solidaridad como comunidad, fortaleciendo la presencia de los organismos públicos que son los instrumentos que hemos concebido para promover el interés público, organizando y canalizando esa cooperación solidaria.

El funcionamiento del Poder Judicial es una garantía indispensable para la protección de los derechos fundamentales y humanos, como lo han señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sendas resoluciones emitidas con motivo de la pandemia por Covid-19. En virtud de esa calidad de garantía instrumental de los derechos, el Poder Judicial debe ser considerado un servicio esencial que no puede interrumpirse, en la inteligencia de que sus letargos significan sin más la suspensión de la garantía institucional de todo el sistema de derechos. Desde este Consejo señalamos, entonces, que acompañaremos las medidas razonables que resguarden el derecho a la salud y la vida de las personas, pero desde ya descartamos que el cese del funcionamiento del Poder Judicial o la regresión a instancias pasadas, donde su actividad se encontraba severamente reducida, pueda encuadrar dentro de esas opciones razonables.

RICARDO URTURI

PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES