Hace 40 años la CIDH llegaba a Resistencia

   Un carcelero lo llevaba hacia la capilla de la Unidad 7 de Resistencia. Jorge Luis Migueles iba repasando las denuncias que pensaba presentar, pero sobre todo la propuesta que iba a hacerle al jefe de la delegación de la CIDH, que esperaba entre dos bancos, sentado en la mitad del recinto. El guardia se quedó en la puerta, abierta, y Jorge Luis entró.

   Le vinieron a la mente los últimos tres años, desde su detención el 10 de mayo del 76. Los días de torturas incesantes en la Brigada frente a la plaza 25 de Mayo, luego el traslado al Alcaidía, más tarde a la U-7, donde vio cómo se llevaban a Néstor Salas, a Patricio Tierno, a Mario Cuevas, este desde su mismo pabellón, para “trasladarlos a Formosa”.

   “Los diplomáticos habían solicitado tres entrevistas personales. Una con Pedro Pablo Romero, que era el dirigente de las Ligas Agrarias de Corrientes, para conocer lo que había pasado en ese sector. Lo mismo con Walter Medina, que era el secretario de Uatre Sáenz Peña. Y una tercera entrevista con un representante de los presos de la U-7. Yo fui elegido por mis compañeros para hacer algunas denuncias urgentes. Pero, principalmente, para proponerle a los delegados de la CIDH que en la recorrida por los pabellones tomaran denuncias escritas que habíamos preparado”, cuenta Migueles.

   “Me tocó hablar último con el delegado de la CIDH. estaba sentado en la mitad de la capilla, entre dos bancos, único lugar donde se podía tener el guardia a cierta distancia. Le dije: Tenemos decenas de denuncias escritas, de una carilla cada una. Nombre, organización, fecha y forma en la que fue detenido, lugares de detención, torturas y nombre de los torturadores. Firma y documento de cada preso. Si aceptan llevárselas, en la recorrida por los pabellones uno de ustedes debe entrar en tal celda y darle un abrazo al compañero que está allí. Él le va aponer los paquetes dentro del saco. Si no aceptan, las destruiremos inmediatamente, porque son muy peligrosas para nosotros”.

   “Le hice un mapa hablado, porque no tenía otro medio, para indicarle cuál era la celda. Cuando salimos, iba el presidente de la comisión acompañado por el jefe de la unidad al frente, luego iba yo, custodiado por el mismo guardiacárcel, luego otros dos guardias, y por último el segundo delegado de la CIDH, que era el que iba a recoger las denuncias escritas”. Comenzaron a caminar los interminables pasillos.

La Comisión en el país

   Jimmy Carter era presidente de EEUU desde 1977, y uno de los principales objetivos de su gobierno era revertir la imagen internacional de EEUU, uno de los responsables, en ese momento y a lo largo de la historia, de las terribles dictaduras latinoamericanas. Su secretaria de Estado, Patricia Derian, trabajó intensamente para organizar visitas de la CIDH a diversos países de la región, lo que debía mostrar el interés estadounidense en la “defensa” de los derechos humanos.

   La CIDH recorrió cárceles de EEUU, Nicaragua, El Salvador, Colombia, y finalmente visitó la Argentina, donde las denuncias de familiares de desaparecidos y de organismos de derechos humanos eran numerosas e incesantes. Las Madres de Plaza de Mayo hacían sus primeras rondas y comenzaban a multiplicarse recursos de hábeas corpus y hasta denuncias judiciales sobre vejaciones y violaciones a los derechos humanos.

   La dictadura, abrumada por los requerimientos del “amigo americano”, decidió resignarse a la inevitabilidad de la visita, e incluso intentar usar la fuerza del adversario en su propio beneficio. Así, el hecho se anunció oficialmente a diestra y siniestra, se proclamó el carácter “hospitalario” de “los argentinos”, que abrían sus puertas porque “no hay nada que ocultar”, al mismo tiempo que se daba voz a los sectores más fundamentalistas para que denunciaran que la visita era “una agresión extranjera” contra la “soberanía” y la “dignidad” de “los argentinos”.

   El gobierno dictatorial pensaba hacer un show aperturista mientras continuaba con el terror cotidiano más o menos como de costumbre. En plena visita de la CIDH “desaparecieron” a una familia entera. El diario Buenos Aires Herald, dirigido por Robert Cox, le dedicó su tapa, grave decisión editorial que forzó a otros medios a replicar la información. Eso salvó las vidas de esa familia.

Bittel y Herminio

   El 7 de septiembre, el exgobernador chaqueño Deolindo Felipe Bittel, en su calidad de vicepresidente del Partido Justicialista (la presidenta de la agrupación, María Estela Martínez de Perón, estaba presa), entregó una carta a la CIDH, firmada junto al dirigente bonaerense Herminio Iglesias.

   “El Justicialismo denuncia (…) la muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz y que han llevado o llevarán como pena desde un silencio impuesto, hasta la muerte”, decía.

   El revuelo fue inmenso y llegó hasta el interior de las cárceles. “Yo estaba en la U-9, de La Plata, y cuando vinieron los de la CIDH ya sabíamos de la carta que les había entregado Bittel. Para nosotros fue muy importante, porque le daba un marco de respaldo político a todas las denuncias que queríamos presentar nosotros”, recuerda Carlos Erasmo Aguirre, también chaqueño, en ese entonces en la provincia de Buenos Aires por efecto del sistema de “traslados”, que históricamente ha sido otra forma de castigo para el preso, pero especialmente para sus familiares. Hasta hoy es así. 

   Bittel e Iglesias fueron repudiados por la dirigencia política que apoyaba a la dictadura y hasta por algunos de su propio partido. Se presentaron demandas judiciales contra ellos con argumentos como “traición” o similares. Pero el golpe estaba dado. El principal partido de la oposición avalaba las denuncias el mismo día que comenzaba la visita de la CIDH. 

Campeones en Japón

   El 7 de septiembre de 1979 el seleccionado juvenil argentino ganó el Mundial de Japón, al derrotar por 3 a 1 al seleccionado de la Unión Soviética, con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. Ese día, y luego el 12, cuando los jugadores regresaron al país, hubo enormes festejos populares. La dictadura aprovechó para quitar el tema de la CIDH de las portadas de los diarios (que ella misma había patrocinado al principio). El relator de fútbol José María Muñoz, el de mayor audiencia en la época, llamó a quienes festejaban en el Obelisco a que se movilizaran hacia donde la Comisión tomaba testimonios de familiares de presos y desaparecidos con el fin de hostigarlos.

En la U-7    

    “Al llegar al pabellón 3 nos paramos cerca de la celda de Ludueña, donde estaban las denuncias escritas. Mientras el jefe de la delegación de la CIDH le hacía algunas preguntas al jefe de la Unidad 7, el segundo diplomático entró un paso en la celda de Ludueña y le dio un abrazo”, recuerda Migueles.

   “Entonces, cuando el diplomático entró, lo abrazamos y cada uno a su turno le fuimos poniendo varias denuncias, bien dobladitas para que ocuparan el menor espacio, en los bolsillos interiores. A ellos no los revisaron cuando entraron, ni los iban a revisar cuando salieran, o al menos eso esperábamos”, explica Raúl Junco, uno de los que estaba en esa celda.

   Migueles enfatiza en su gratitud “al gesto y a la disposición de ese funcionario, que podría haberse limitado al testimonio oral, pero hizo lo necesario para llevarse decenas de denuncias escritas y firmadas, que después fueron un elemento importante en el informe final de la CIDH”.

   Raúl Junco explica que aunque después “se multiplicaron los traslados de castigo, a La Plata, a Rawson, a Devoto, nosotros sabíamos que eso era porque la visita de la Comisión de la OEA había dado sus resultados. Igual, ya en esa época habían aflojado la mano y los traslados eran traslados, no sesiones de tortura terribles, o fusilamientos, como pasaba antes. Es cierto que nos alejaban de nuestros familiares, pero sentíamos que habíamos conseguido, nosotros y nuestros familiares, un importantísimo triunfo político sobre la dictadura”.

El informe

   El documento que presentaba las denuncias, conclusiones y recomendaciones de la CIDH se presentó a nivel mundial en diciembre de 1979. La Comisión presentaba un resumen de sus actividades y entrevistas, explicaba el “Sistema político y normativo argentino”, informaba de las “muertes atribuidas por los denunciantes a agentes del gobierno”, las “muertes en las cárceles atribuidas a agentes del gobierno”, los “NN: muertos no identificados”. Y, sobre todo, “El problema de los desaparecidos”, la palabra que desde entonces la Argentina inscribió en el lenguaje internacional para describir una de las formas más cobardes y letales de imponer el terror desde el Estado.

   Un reflejo del resultado de la actividad de la Comisión, y del éxito político que significó para los prisioneros torturados y los familiares de los asesinados, es que el propio gobierno de Videla terminó quejándose de lo mismo que al principio de la visita era discurso exclusivo de los “ultras” de la dictadura. Otro reflejo fue la expulsión del país, el 26 de septiembre, una semana después de la partida de la CIDH, de Jacobo Timmerman.

   La difusión internacional del informe de la CIDH llevó a numerosos gobiernos e instituciones globales a aumentar la presión sobre la dictadura, reclamar por presos, solicitantes de asilo, y obviamente desaparecidos. El gobierno militar debió dar explicaciones periódicamente, comenzando ese mismo septiembre de 1979, ante requerimientos de la ONU y de otros foros internacionales. Todavía no se llegaba al cuarto año del gobierno dictatorial, faltaba mucho para su caída, pero las grietas comenzaban a verse por arriba y por abajo. El audaz ingenio de los presos de la U-7 y sus cartas de una carilla eran causantes de algunas de ellas.