Se cumplen 30 años del doble crimen que conmocionó al Chaco

Hoy viernes, a las 13, se inaugurará oficialmente un memorial que recordará a Amanda Encaje y Néstor Vivo, brutalmente asesinados exactamente treinta años atrás en la casa de avenida Paraguay 787. Frente a ese inmueble, en el parterre de la avenida, se levanta el espacio en memoria de ambas víctimas. El doble crimen fue uno de los más conmocionantes de la historia de los hechos policiales en nuestra provincia, y quedó impune.

Vivo, de 35 años, era ingeniero de la empresa Supercemento. Encaje, de 45, trabajaba en la misma compañía. Habían concurrido juntos a supervisar el avance de las refacciones que se hacían en la casa de la avenida Paraguay a fin de que en ella funcionaran oficinas de la firma constructora. Era aproximadamente la una de la tarde del 8 de abril de 1992. Un par de horas después, cuando regresaron los albañiles encargados de los trabajos, los encontraron muertos. Los habían asesinado a golpes.

SIN JUSTICIA

La brutalidad del doble homicidio, el hecho de que las dos víctimas trabajasen para una de las empresas más poderosas de la región y la impunidad con la que se movieron los ejecutores del crimen (actuando en pleno día y en una zona densamente poblada y con mucho tráfico vehicular) fueron elementos que provocaron un fuerte impacto en la opinión público. De inmediato se sumó un factor más: la ola de versiones que asociaban el hecho a negociados con la obra pública y a los contratos de concesión de redes viales mediante peajes.

Las familias de las víctimas comenzaron a vivir de inmediato una pesadilla infinita. Al dolor por lo ocurrido se agregó la ausencia de un interés palpable por parte de las autoridades políticas y judiciales de aquel entonces en pos del esclarecimiento del caso. "Se nos cerraron todas las puertas", recuerda Silvia Encaje, hermana de Amanda.

"Mucha gente que creíamos próxima se alejó, así como también contamos con el apoyo inestimable de personas que nos acompañaron en todo lo que pudieron. Pero sentíamos que luchábamos contra molinos de viento", dice Andrea Martínez, hija de Amanda. Ella tenía entonces 21 años. De repente, ella y sus hermanos, Pablo, de 23, y Nicolás, de 11, debían hacer frente a un duelo inmensamente traumático y a la búsqueda de justicia. Los tres vivían con su mamá, y ella ya no estaba.

En el caso de Vivo, su vida fue tronchada apenas un mes después del nacimiento de Nahuel, su primer y único hijo. Los padres del ingeniero, ambos de edad avanzada, también se vieron empujados a dejar su rutina hogareña para escarbar en una realidad tenebrosa en busca de la verdad.

La lucha de los familiares no tuvo resultados en la justicia del Chaco. La causa penal por el doble crimen acabó siendo archivada, tras innumerables idas y vueltas que parecieron ser simples maniobras para disimular lo que era evidente: no había nada firme ni serio en la investigación, y posiblemente ningún interés en hallar a los asesinos.

CRIMEN MAFIOSO

Andrea Martínez, en diálogo con NORTE, dice no tener dudas de que el asesinato de su madre y de Vivo "fue un crimen mafioso. A ellos no los mataron por azar o por cuestiones personales. Hubo toda una trama en la que ellos fueron víctimas por partida doble y que lamentablemente la justicia no se ocupó de exponer y condenar".

Cuando la impunidad quedó sellada, los seres queridos de Amanda llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que tiene facultades de monitoreo sobre posibles casos de denegación de justicia ode violación de los derechos civiles en los países del continente. La CIDH primero admitió analizar el caso chaqueño (lo que de por sí ya indicaba que se habían encontrado en él indicios ciertos de irregularidades en la actuación institucional provincial) y años después dictaminó que el Estado no había agotado las acciones necesarias para esclarecer el doble homicidio, marcando irregularidades, incorrecciones y desidia en la labor policial y judicial.

El año pasado, a raíz de lo resuelto por la CIDH, el gobierno de Jorge Capitanich formalizó un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA, según la terminología de la OEA) con los hijos de Amanda Encaje. En primer término, el gobernador cumplió con el mandamiento de la Comisión Interamericana de que hubiera una expresión concreta de reconocimiento de responsabilidad de la denegación de justicia. Una suerte de pedido de perdón, de carácter institucional, por el que las familias Encaje y Vivo esperaron treinta años.

OTRAS CONDICIONES

Además del pedido de disculpas, los hijos de Amanda plantearon otras condiciones para el acuerdo amistoso. Una de ellas es que se creen en el ámbito del Poder Judicial unas "defensorías públicas de las víctimas", que permitan a quienes sufren diferentes tipos de crímenes y delitos y/o a sus familiares acceder a asistencia legal adecuada para que avancen las causas judiciales abiertas para el esclarecimiento de esos hechos. "No queremos que haya otras familias que, como la nuestra, se encuentren de repente con un ser querido asesinado y sin recursos económicos ni orientación como para accionar debidamente en pos de que se haga justicia", explicó Andrea Martínez a NORTE. Ya está la ley que crea seis cargos de este tipo, aunque resta que se seleccione a quienes desempeñarán esos roles y que las áreas en cuestión se pongan efectivamente en funcionamiento.

Otro pedido expreso es que se constituya un "observatorio de víctimas", ente que se insertaría en la estructura del Poder Legislativo para monitorear la labor de la policía y de la justicia en la investigación de crímenes. Andrea señala que aquí la idea "es que de este órgano participen familiares de las víctimas, junto con representantes de las áreas del Estado que resulten pertinentes, para que haya una mirada sobre la acción institucional que sea efectuada desde el lugar de las víctimas".

Un punto también importante del acuerdo es la exigencia de que se defina un protocolo claro y de aplicación obligatoria para la preservación de las escenas de los crímenes que se cometan. Algo que se supo desde el principio en el caso del doble homicidio de la avenida Paraguay es que el lugar en el que se ejecutó no fue cuidado en lo más mínimo ni por la policía ni por la justicia. Por el contrario, y aunque parezca increíble, se permitió que decenas de curiosos ingresaran a la casa de los asesinatos para observar los cuerpos de Encaje y de Vivo y la escabrosa imagen de las habitaciones en que fueron ultimados, con sangre en pisos y paredes. Los peritos no pudieron obtener nada certero luego.

En la lista de condiciones hay un elemento valioso más: la creación de un banco genético de asesinos y violadores, en el que se archive y resguarden los datos genéticos de ese tipo de criminales, para cotejarlos con las pruebas que puedan colectarse en otros hechos de la misma índole. Eso podría permitir esclarecer hechos que en las condiciones actuales tienen grandes chances de quedar sin castigo. Además, daría la posibilidad de cruzar información con los registros de ese tipo que ya funcionan en otras jurisdicciones argentinas.

El memorial que se inaugurará hoy frente a la casa de avenida Paraguay 787 es parte de los puntos planteados por la familia de Amanda Encaje en el acuerdo con el Estado provincial. Aunque es una acción de valor simbólico, no es algo menor. "Representa el reclamo de que nunca más suceda que un crimen quede impune por la falta de interés del Estado en esclarecerlo y en condenar a los responsables –dice Andrea Martínez-. Llegar a todo esto, treinta años después, nos reconforta y nos da la esperanza de que nadie tenga que vivir de nuevo lo que nos tocó vivir a nosotros".