El doble crimen de Avenida Paraguay: una historia de impunidad que cumple 34 años
El 8 de abril de 1992, un doble homicidio ocurrido durante la siesta resistenciana sacudió a la comunidad. Un caso sin resolver, muchas dudas y una justicia que nunca llegó. Sin embargo, las muertes de Amanda Encaje y Néstor Vivo no fueron en vano: impulsó diferentes políticas públicas en defensa de los derechos humanos.
El hecho ocurrió en Avenida Paraguay 787, una vivienda donde se realizaban refacciones para convertirla en oficinas de la empresa Supercemento. En ese lugar fueron asesinados el ingeniero Néstor Blas Vivo, de 37 años, entrerriano y director de zona de la firma, y Amanda Encaje de Martínez, de 46, su secretaria. Vivo había sido padre apenas 25 días antes de su muerte, mientras que Encaje también tenía tres hijos y trabajaba además como vendedora de sábanas.
Según la reconstrucción, los trabajadores de la obra se retiraron cerca de las 12 del mediodía. Poco después llegaron las víctimas para supervisar el avance de las refacciones. Alrededor de las tres de la tarde, los pintores Sebastián Rolón y Ramón Fernández, junto al albañil Rubén Alegre, regresaron al lugar y encontraron los cuerpos en dos habitaciones distintas, atados y boca abajo, asesinados a golpes.
El hallazgo dio inicio a una investigación que desde el comienzo quedó bajo cuestionamiento. Los primeros en ser notificados fueron directivos de la empresa, incluso antes que la Policía. Luego fueron detenidos los tres obreros y el esposo de Encaje, el doctor Dante Martínez, aunque todos recuperaron la libertad en menos de cuatro días.
Uno de los puntos más criticados fue la falta de preservación de la escena del crimen. Vecinos y curiosos pudieron ingresar libremente a la vivienda, al igual que efectivos policiales, lo que dificultó la obtención de pruebas concretas. A pesar de tratarse de una avenida muy transitada, ningún testigo aportó datos sobre lo ocurrido.
Las pericias indicaron que Encaje fue atacada con especial violencia, lo que llevó a pensar inicialmente que pudo haber sido el blanco principal. Vivo, en tanto, estaba atado de pies y amordazado. Ninguno de los dos presentaba signos de haberse defendido.
El caso pasó por distintas manos judiciales. El primer juez, Carlos Alvarenga, se apartó a menos de 24 horas por conocer a una de las víctimas, y la causa quedó a cargo de Inocencio Zanazzo. A lo largo de los años se barajaron múltiples hipótesis, desde un robo —aunque se hallaron pertenencias de valor— hasta un crimen por encargo o una posible conexión con intereses vinculados a la obra pública.
Desde el inicio, los familiares reclamaron justicia. Apuntaron contra la empresa Supercemento, cuyos directivos evitaron pronunciarse durante años, hasta que en 2001 fueron obligados a pagar una indemnización. Sin embargo, la causa penal fue archivada tras una serie de idas y vueltas que evidenciaron la falta de avances concretos.
Ante la falta de respuestas, los allegados de Amanda Encaje llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo concluyó que el Estado no agotó las medidas necesarias para esclarecer el doble homicidio y señaló irregularidades y negligencias en la investigación.
Recién en 2021, el gobierno provincial encabezado por Jorge Capitanich firmó un Acuerdo de Solución Amistosa con los hijos de Encaje, en lo que representó un reconocimiento institucional de las fallas del Estado. Un año después, al cumplirse tres décadas del hecho, se inauguró un parterre en el lugar donde ocurrió el crimen.
A 34 años, el doble asesinato de Avenida Paraguay sigue impune y sin respuestas, convertido en uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal de la provincia.
