La CIDH intima al Estado a contestar demanda por la masacre de Napalpí

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, le dio al Estado argentino un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto de una apelación elevada por una asociación indígena chaqueña que demanda una reparación por la "masacre de Napalpí", una matanza de cientos de aborígenes perpetrada en 1924 en nuestra provincia.

La CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), también se puso a disposición tanto de los demandantes como del Estado argentino "a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto a los derechos humanos".

OTRA ETAPA

De tal forma, entra a una nueva etapa y ya a escala internacional el juicio que se inició en noviembre de 2004 cuando (basándose en el libro "Napalpí, la herida abierta", del periodista e historiador Vidal Mario), la Asociación Comunitaria "La Matanza", de Machagai, demandó por 116 millones de dólares al Estado Nacional Argentino, en concepto de reparación histórica.

El reclamo judicial comenzó en noviembre de 2004, con el patrocinio del abogado local Carlos Alberto Díaz y otros profesionales. El 25 de abril de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Procuración Nacional, en términos denunciados por organizaciones aborígenes como "innecesariamente ofensivos a los pueblos originarios", rechazó la demanda.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado rechazó las pruebas de la masacre aportadas por Vidal Mario en su carácter de consultor histórico de la causa, elementos probatorios que ocho años después fueron admitidos por la jueza federal Zunilda Niremperger.

En 2019, Niremperger dictó sentencia reconociendo el genocidio, pero a la vez desestimando cualquier reparación económica para los demandantes. En septiembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el fallo de la jueza Niremperger, reconoció la representatividad de los demandantes para accionar judicialmente (lo cual también había sido rechazado por la magistrada), y estableció la reparación económica que la misma había rechazado.

El 2 de noviembre de 2023, la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, y rechazó la demanda de la Asociación Comunitaria Colonia "La Matanza", la cual entonces interpuso una acción de queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.