De un despliegue de película a una posible demanda millonaria contra el Estado

El abogado Ignacio Sinkovich, representante legal de un numeroso grupo de trabajadores de la cadena de gimnasios Exen, analizó la situación judicial y laboral tras el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que revocó el procesamiento de los investigados y ordenó la libertad de todos.

La fiscalía recurrirá el fallo. Entre críticas a la desproporción de los operativos judiciales ordenados por la jueza federal Zunilda Niremperger a pedido del fiscal Patricio Sabadini, el rechazo a las propuestas para reactivar las sucursales y la crisis económica de las familias afectadas, el letrado advirtió sobre las graves consecuencias financieras para el Estado, según anticipó en NORTE TV.

Tras el revés, Sabadini ya dijo que recurrirá ante la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribunal del país por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "La verdad que después del contundente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones donde dicta una falta de mérito —que para que la gente lo entienda significa que no hay las pruebas suficientes para sostener una acusación por lo menos en este momento— también emplazan a la fiscalía a que reúna los elementos de prueba en un plazo razonable", afirmó Sinkovich.

El letrado cuestionó las medidas cautelares aplicadas desde el inicio de la causa penal, señalando que a los empresarios "se los estaba tratando como condenados desde el minuto uno, siendo que todavía mantenían el estatus quo de inocencia previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional". Se refirió a Federico Clinis Canal, Sergio Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, Jorge César Alberto Vargas y María Graciela Canal, todos ya se encuentran en libertad.

LA NEGATIVA JUDICIAL PARA REABRIR Y EL USO DE LAS MÁQUINAS POR LA POLICÍA

Con el objetivo de resguardar las fuentes de trabajo, los empleados presentaron alternativas procesales para retomar la actividad comercial en al menos tres sedes. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por la Justicia. Sinkovich explicó el alcance del primer proyecto presentado: "Nosotros hemos presentado inicialmente una intervención judicial que está regulada en la Ley General de Sociedades, que permite momentáneamente que el Poder Judicial intervenga sobre una sociedad y ponga un veedor y de ahí en adelante los gimnasios tranquilamente podían abrir".

Ante la solicitud del juzgado de readecuar la figura, la representación de los trabajadores presentó una propuesta fiduciaria: "Readecuamos la petición a un fideicomiso en el que pretendíamos que momentáneamente se transfiera la titularidad de las máquinas al grupo de empleados, para que ellos se hicieran cargo legalmente de estas máquinas en custodia y llevaran el giro comercial rindiendo cuentas periódicamente ante el tribunal. Lamentablemente esto tuvo un ‘no’ rotundo".

CARIDAD CON LO AJENO

Paralelamente, la utilización del equipamiento secuestrado por parte de la Policía del Chaco generó un duro cuestionamiento por parte del abogado: "Es muy fácil hacer caridad con la propiedad ajena. Por supuesto que la Policía debe tener su lugar de entrenamiento, pero no a costa de máquinas que eran de terceros, que eran de privados y que encima estaban judicializadas".

DÁÑOS COLATERALES Y UNA DEMANDA EN PUERTA

Respecto de la magnitud de los operativos y el desmantelamiento de los establecimientos, Sinkovich definió el procedimiento judicial como falto de proporcionalidad: "Allanan, tienen el gimnasio dos o tres días cerrado hasta que se lleva adelante el operativo y después abren normalmente, pero de ahí a desmantelar todo como se llevó adelante parecería totalmente desproporcionado e irrazonable. ¿Para qué todo este perjuicio? ¿Para qué para terminar de esta manera?".

Asimismo, el abogado hizo hincapié en los daños colaterales que dejó la clausura de la firma: "Le han trabado todas las cuentas bancarias, el perjuicio fue inconmensurable. ¿Quién responde a los clientes que pagaron el servicio, que tenían planes de hasta 6 meses por adelantado? ¿Quién responde a los dueños de los locales que no pudieron percibir los alquileres de sus inmuebles?".

Finalmente, Sinkovich advirtió sobre la responsabilidad patrimonial que podría recaer sobre los fondos públicos si la acusación penal no llega a condena: "Si no se puede llegar a una acusación en el futuro y finalmente quedan sobreseídos, podrá ser quizá la demanda de daño y perjuicio más grande de la historia. ¿Quién va a responder por todo este operativo que se llevó adelante? ¿Lo vamos a pagar todos los argentinos después en una demanda de daño y perjuicio multimillonario.