"La Corte demostró su disociación con lo que le pasa a la ciudadanía"

La abogada Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras Rurales, cuestionó el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la controversia judicial que involucra a la norma sancionada en 2011 y su derogación mediante el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei.

Durante su paso por Resistencia, donde participó de un debate sobre los riesgos de la extranjerización del territorio, sostuvo que la decisión del máximo tribunal evidenció una profunda distancia entre el Poder Judicial y las preocupaciones de la ciudadanía.

"La Corte demostró su disociación con lo que le pasa a la ciudadanía", planteó Gómez, al cuestionar tanto los fundamentos jurídicos del pronunciamiento como sus consecuencias institucionales y políticas.

Para la especialista, el problema no se limita a una discusión técnica sobre la procedencia de un amparo. Consideró que, por ocupar la máxima jerarquía del Poder Judicial, la Corte debe contemplar también las consecuencias institucionales de sus decisiones y la legitimidad que necesita preservar frente a la sociedad.

En ese sentido, calificó el episodio como una "muy mala praxis en términos políticos" y advirtió que el tribunal terminó colocándose en una situación compleja. Según su interpretación, al intervenir en una controversia de semejante alcance sin resolver el núcleo constitucional del conflicto, la propia Corte contribuyó a concentrar sobre sí la atención pública y las críticas.

LEGITIMACIÓN

Gómez sostuvo que el tribunal tenía ante sí una disyuntiva institucional: avanzar sobre la constitucionalidad del DNU o resolver la controversia mediante argumentos procesales vinculados con la legitimación de quienes promovieron la demanda.

La abogada cuestionó que la Corte se inclinara por esta segunda vía y consideró que, de esa manera, evitó abordar la discusión sustancial sobre los límites del Poder Ejecutivo para modificar una legislación de esta naturaleza mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Uno de los aspectos que subrayó es que la Corte haya considerado que los excombatientes de Malvinas no tenían legitimación para promover el amparo. Para Gómez, el criterio adoptado resulta  cuestionable por la trayectoria de quienes impulsaron la demanda y por el interés colectivo que estaba en discusión.

"Lo más grave es que es gente que defendió la Patria, peleó en condiciones  inequitativas contra una potencia, hoy le dicen que no tienen legitimidad para presentarse en un juicio a proteger la tierra en Argentina", sostuvo.

Otro de los puntos del cuestionamiento de la exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales,es la interpretación de la soberanía nacional como fundamento de una acción judicial colectiva.

La Cámara Federal de La Plata sostuvo que la soberanía podía ser considerada un bien jurídico colectivo susceptible de tutela judicial. Ese criterio permitía fundamentar que la ciudadanía, a través de una organización que cumpliera los requisitos legales, pudiera acudir a los tribunales para solicitar protección frente a una decisión que afectara ese interés.

La Corte, en cambio, consideró que el centro de excombatientes no estaba legitimado para promover esa acción en los términos planteados. El fallo sostuvo que no se encontraba configurado un caso que habilitara la intervención judicial a partir de la demanda de esa asociación. Como conclusión, Florencia Gómez  consideró que la Corte Suprema terminó perjudicándose con su propia decisión. "Se pegó un tiro en los pies", sostuvo al analizar las consecuencias políticas e institucionales del pronunciamiento. Según su interpretación, el Máximo Tribunal con sus idas y venidas sobre el asunto (derogar la Ley de Tierras y luego dictar una medida cautelar para que vuelva a estar vigente) quitó la presión social que existe sobre el tratamiento sobre la validez del DNU 70, que buscará voltear la oposición en el Congreso.