"El fallo del STJ marca un precedente muy importante en materia de violencia institucional"

A partir de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco anuló la sentencia que había absuelto a cuatro policías juzgados por la muerte de Leandro Bravo y ordenó un nuevo juicio, el abogado Roberto Sotelo analizó la decisión.

Sotelo es querellante por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y calificó la resolución como "muy importante" y sostuvo que marca "un precedente muy significativo en materia de violencia institucional y brutalidad policial".

"El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación que presentamos ambas querellas respecto de la sentencia que dictó la Cámara Criminal de Charata. Hemos recibido satisfactoriamente esta decisión porque cita y marca un precedente muy importante en lo que hace a la jurisprudencia en materia de violencia institucional y brutalidad policial", afirmó.

El abogado explicó que las querellas siempre sostuvieron que la absolución debía ser revisada. "Siempre tuvimos la plena convicción de que la sentencia que absolvió a los imputados debía ser revisada, entendiendo que esta muerte bajo custodia se produjo por exclusiva responsabilidad del personal policial que intervino en esa oportunidad", señaló.

Además, destacó que el recurso fue impulsado por las querellas en calidad de acusadores autónomos debido a que la entonces fiscal de Cámara, Susana Rinaldis, se había abstenido de acusar a los cuatro policías durante el juicio oral.

Un fallo con impacto 

Para Sotelo, la resolución del máximo tribunal provincial trasciende el caso de la familia Bravo.

"No solamente es un cambio para la familia, sino también para los organismos de derechos humanos y para el Comité para la Prevención de la Tortura. Esta revisión de la sentencia aporta claridad y reafirma la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de investigar, juzgar y sancionar las conductas prohibidas de los efectivos policiales", sostuvo.

El letrado remarcó que el STJ realizó un análisis exhaustivo del expediente, un proceso que demandó más de un año, y revisó "prueba por prueba" antes de concluir que existían arbitrariedades en el fallo absolutorio.

"Estamos muy conformes porque se ha corroborado la arbitrariedad existente en ese debate oral y público, así como el sesgo discriminatorio hacia Leandro Bravo y su familia, donde prácticamente durante todo el juicio se juzgó más a la víctima que a los victimarios", expresó.

El camino de una posible apelación  

La defensa puede presentar recurso extraordinario federal para apelar a la Corte Suprema de Justicia

Tiene un plazo de 10 días hábiles desde la notificación.

El recurso extraordinario federal tiene una serie de requisitos estrictos.

Antes tiene que considerarse que hubo una afectación a una garantía constitucional o convencional.

A partir de esa consideración se eleva a la Corte. Si no les conceden esa característica queda la opción de ir en queja a la Corte directamente.

La queja es un recurso que se puede plantear cuando a alguien le deniegan injustamente la concesión del recurso.

A la instancia del juicio original los policías acusados llegaron en libertad y actualmente siguen en esa situación.

Un nuevo tribunal deberá realizar el juicio

Respecto de la próxima etapa del proceso, el abogado Sotelo indicó que aún resta definir qué tribunal llevará adelante el nuevo debate oral.

"Mi duda es si la misma Cámara va a tener que juzgar a los policías o si el juicio se puede llevar a cabo en otra Cámara ", explicó al programa Buen Día NORTE que se emite por el canal de YouTube NORTE TV.

"Lo que dispone el fallo es la necesidad de que sean jueces distintos los que integren el tribunal que va a juzgar el caso", agregó.

En ese sentido, señaló que primero deberá organizarse la conformación del nuevo tribunal antes de fijar una fecha para el juicio, y destacó que la decisión del Superior Tribunal "refuerza la jurisprudencia en materia de derechos humanos" en la provincia.